Las reformas fiscales reducen la brecha de Euskadi con Madrid para las rentas altas

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La implantación del impuesto sobre las grandes fortunas, la decisión de Isabel Díaz Ayuso de recuperar en la Comunidad de Madrid el Impuesto de Patrimonio para no regalarle al Ejecutivo central una recaudación extraordinaria, y el hachazo que se avecina para las rentas de capital -tres puntos de subida para llevar la marginal al 30%- han estrechado la brecha. La mudanza ha dejado de ser rentable y ya hay un freno a la fuga, más bien goteo de deslocalizaciones, que ha sido uno de los quebraderos de cabeza de las haciendas forales vascas en los últimos años. En el pasado la marcha de grandes fortunas vascas estuvo alentada por la extorsión, los secuestros y asesinatos de ETA a empresarios, pero en la última década la zanahoria a seguir ha sido el ahorro de impuestos.

Aquella situación que hace ahora tres años llevó al entonces lehendakari Urkullu a denunciar un supuesto «dumping fiscal» se ha diluido a golpe de reforma impositiva del Ejecutivo central. Por cierto, con el interesado respaldo del PNV que por fin ha encontrado un remedio eficaz para la deslocalización de contribuyentes de patrimonios elevados.

La Comunidad de Madrid aún mantiene algunas ventajas nominales en el IRPF frente a la tributación vasca. En especial su tipo marginal en este impuesto, el que se aplica a las rentas más elevadas -las que proceden del trabajo por cuenta ajena o el beneficio de los autónomos, por ejemplo-, que aunque ha escalado se mantiene en el 45%. En el caso del País Vasco hay cuatro puntos de diferencia y quienes tienen ingresos de este tipo más elevados -por encima de los 204.000 euros anuales- deben aportar a Hacienda el 49%. Pero esos cuatro puntos de margen ya no parecen suficiente atractivo para compensar las desventajas que, gracias a la presión del Gobierno central, se han ido acumulando en la tributación de los contribuyentes madrileños.

La última vuelta de tuerca puede consolidarse hoy con la tramitación en el Congreso de una ley que fija el mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, pero que -caos parlamentario y de pactos al margen- ha sido utilizada para introducir algunos elementos de aumento de la presión fiscal. Una de las pocas medidas aceptadas en la tramitación que se ha seguido en la Comisión de Hacienda ha sido el endurecimiento de las rentas del ahorro y del capital. Esto es, los ingresos que se obtienen por las inversiones financieras, intereses de depósitos, rendimientos obtenidos en fondos de inversión, dividendos de participaciones en empresas o plusvalías obtenidas en la venta de este tipo de activos.

Si la 'minirreforma' fiscal que persigue el Gobierno de Pedro Sánchez sale aprobada esas rentas pasarán a tener un tipo marginal -el que se aplica a partir de los 300.000 euros- del 30%. Y no es una cuestión menor. Este tipo de ingresos, los que conforman los rendimientos de capital, son habitualmente el grueso de los que obtienen los contribuyentes de rentas más elevadas.

La propuesta de reforma que han anticipado ya las haciendas forales vascas deja ese tipo máximo para este tipo de rentas en el 27% y con una ventaja adicional: admite como rentas de capital los ingresos obtenidos por el alquiler de viviendas, lo que permite reducir la tributación y algo que no contempla la legislación del Estado.