Reforma de pensiones ¿Qué reforma?

Según recogía la nota del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones prevé que el 1 de enero de cada año éstas se incrementen de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo la cuantía de las pensiones no mermará.

La nueva norma, que pasa a las Cortes españolas, incorpora asimismo cuatro vías conducentes a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación: se refieren a la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Respecto a la mejora de los ingresos del sistema, el texto contempla con carácter anual una transferencia del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social con el objetivo de culminar la separación de fuentes previstas en la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020.

El factor de sostenibilidad aprobado en 2011 y que en todo caso entraría en vigor en 2023, se renegociará antes de final de año por otro índice de equidad intergeneracional que entrará en vigor en 2027, un referente difuso que servirá para revisar el sistema en función del PIB, la tendencia de la emigración, la población ocupada, la pensionista y el gasto global.

Todo lo anterior no representa sino un indisimulado parche añadido al ya parcheado globo electoral. O eso, o una deriva directa hacia la financiación de los déficits de la Seguridad Social por vía presupuestaria, un salto mental cuántico que ningún contribuyente en su sano juicio puede entender. La bolsa de los fondos que responde de un sistema de prestación definida tiene que autofinanciarse y corregir sus fallos desde los mecanismos y ajustes de su propio sistema. De otra manera ¿dónde se trazaría el límite de temas sociales susceptibles de cubrirse con cargo al presupuesto de la nación?

Las cifras se acumulan. Si las cosas no cambian, los déficits de las pensiones están llamados a ser pagados con impuestos. Además de la reasignación a presupuesto público en curso de partidas de las pensiones, tarde o temprano se consolidarán presupuestariamente los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, que en junio pasado repuntaron hasta un récord de 91.855 millones de euros, según datos del Banco de España. La medida no resuelve el problema de nuestro sistema de pensiones, sólo lo cambia contablemente de lugar trasladando el ajuste al campo impositivo.

La triste realidad es que, como consecuencia de algunos importantes factores estructurales, el sistema contributivo de pensiones registra un serio déficit financiero: los ingresos contributivos no son suficientes para cubrir los gastos contributivos del sistema. El Banco de España y la AIReF cifran el déficit estructural actual de las Administraciones en unos 4,5 puntos de PIB.

Aun queda otro escollo. Se trata de las consecuencias de la jubilación de los 'baby boomers', los nacidos entre 1958 y 1977 -casi 14 millones-, años en los que nacieron en España entre 650.000 y 700.000 niños. En los ejercicios anteriores a la crisis Covid de 2020 llegaban al mundo aproximadamente 370.000. Estos gigantescos colectivos empiezan a jubilarse en 2023 y 2024, lo que implica que el ritmo de crecimiento del número de pensiones va a aumentar de forma significativa. El déficit estructural de las pensiones sumará hasta 4 puntos de PIB a los 4,5 actuales por las jubilaciones de los 'baby boomers' entre finales de 2020 y 2050.

En el contexto analizado, las reformas que ahora acomete el Ejecutivo de Sánchez miran en dirección distinta a donde se sitúan los auténticos problemas, probablemente agravándolos.