La reforma fiscal vasca no se conocerá hasta mediados de noviembre y retrasa sus principales efectos a 2026

Las diputaciones guardan celosamente los detalles de los nuevos impuestos cuyas bases han acordado PNV y PSE, tal y como anunciaron esta semana. Este jueves, la diputada general de Bizakaia, Elixabete Etxanobe, se ha limitado a congratularse del pacto porque «es un acuerdo en un tema relavante y afecta a los dos partidos que dan estabilidad a los gobiernos de las tres diputaciones». Pero no ha avanzado ningún detalle más.

En la presentación del Presupuesto de Bizkaia para 2025, la diputada general y la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, se han limitado a explicar el procedimiento y el calendario para la «revisión fiscal». La responsable del fisco vizcaíno ha pedido comparecer en Juntas Generales la semana del 11 de noviembre para «explicar a los grupos políticos las líneas generales de estos cambios». A partir de ahí, se trata, según ha explicado Etxanobe, de avanzar con los partidos para lograr acuerdos que se puedan extender a las tres diputaciones.

La armonización es una de las claves para la tramitación de estos nuevos impuestos. Y es que PNV y PSE suman mayoría en Bizkaia, pero en Álava y Gipuzkoa necesitan incorporar a un socio al acuerdo: Bildu o PP. Esta cuestión es la que está haciendo extremar la precaución y guardar con celo las medidas, que no supondrán un cambio importante. Apuntarán a una mejora de la tributación de las rentas bajas, incentivación fiscal del alquiler e impulso a los planes de pensiones de las EPSV. Además, se buscará mejorar el tratamiento de inversiones para la transición energética y digital de las empresas.

La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha insistido en que su compromiso es llegar a finales de diciembre con la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de norma foral que recoja los nuevos impuestos. Eso requiere conceder la segunda mitad de noviembre para atender solicitudes del resto de grupos y publicar en exposición pública un borrador durante el mes de diciembre. Un requisito obligado antes de la tramitación de un norma foral tributaria.

Así las cosas, la tramitación parlamentaria en Juntas Generales de la reforma comenzará en enero en el mejor de los casos y no quedaría aprobada hasta finales del primer trimestre. Por eso, Berrojalbiz ha reconocido que los efectos en la recaudación serán principalmente en 2026, con lo que los cambios que se establezcan no afectan a los ingresos contemplados en los Presupuestos que comienzan ahora la tramitación.

El caso es que la reforma tributaria acumula ya cinco años de retraso. El objetivo era acometerla en 2020, pero la explosión de la pandemia del covid la retrasó. Posteriormente fue la crisis energética de 2022 y, por último, las citas electorales vascas. Sectores económicos y empresariales urgen la toma de medidas que permitan inversiones estratégicas y resolver problemas como la atracción del talento, así como respuestas al acceso a la vivienda.

Tal y como adelantó EL CORREO, el 2025 comenzará sin deflactación en el IRPF para los trabajadores vascos, un ajuste en los tramos que también deja fuera al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que sigue obligado a retención, a diferencia del resto del país. La nueva normativa revisará todas esas cuestiones, pero que no se aplicarán hasta su ratificación definitiva.

Los nuevos impuestos tendrán que contar con la nueva figura del tributo a la banca. Al menos, si el acuerdo entre el PSOE y el PNV en el Congreso de los Diputados llega a término en la tramitación de la ley. Jeltzales y socialistas acordaron que lo que hasta ahora era una prestación patrimonial contributiva que afectaba a los ingresos por intereses y comisiones de la banca se convierta en impuesto. Lo que supone su transferencia para regulación y recaudación a las diputaciones forales.

Para la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, algo «muy positivo» porque era una «línea roja» para su continuidad, que fuera un impuesto y que «Bizkaia contara con capacidad normativa para regularlo». La responsable de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, ha insisitido en la misma línea. Era «una exigencia mínima», ha dicho a la vez que ha recordado que queda ver la tramitación, la transferencia en la Comisión Mixta de Concierto y su regulación. En ese caso se podrá ver el impacto económico.

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