¿Nadie quiere La Naval?

Las dos iniciativas que estaban más avanzadas, una liderada por un gran astillero europeo que estaba dispuesto a mantener la construcción de buques y otra de la mano de un fondo de inversión, que manejaba un proyecto de construcción de un parque industrial dedicado a varias actividades, se han quedado en el cajón.

A partir de hoy, el juzgado de lo mercantil que tutela la quiebra del histórico astillero deberá decidir en torno a la apertura de una segunda fase del plan de liquidación. El nuevo cartel dirá algo así como 'Se vende por trozos', y ahí sí que habrá un buen número de inversores interesados, ya que los terrenos de La Naval tienen condiciones suficientes como para que haya pretendientes.

No hay dudas sobre las razones últimas del fracaso en el proceso de venta y la propia consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, había advertido en repetidas ocasiones de que algo de esto podía suceder. La decisión de los sindicatos CC OO, ELA y CAT de recurrir ante el Supremo el despido de los 177 trabajadores que tenía la firma -fueron despedidos por una decisión judicial, ratificada en segunda instancia-, abrió un frente de inseguridad jurídica. Si el Supremo da la razón a los sindicatos -que alegaban un defecto de forma en el procedimiento-, podía producirse lo que se conoce como «sucesión de empresa», de tal forma que quien hubiese adquirido ahora el astillero se encontraría con 177 empleados con los que no contaba. Y eso dentro de, previsiblemente, uno o dos años. Nadie ha querido correr ese riesgo.

Quebrada la compañía, el juzgado abrió en marzo de 2018 la primera fase de la liquidación para analizar ofertas por el conjunto de los activos. Todo a una mano: terrenos, grúas, licencias de producción, ordenadores, la concesión portuaria y cualquier otro activo que hubiese formado parte de La Naval.

Los tres sindicatos -UGT decidió descolgarse de esta estrategia tras advertir que, como ha sucedido, podía conducir a la muerte del astillero- decidieron jugar fuerte. Su objetivo no era otro que el de utilizar el recurso judicial como 'zanahoria' para forzar una negociación con el comprador que estuviese interesado. Una negociación que, esperaban, debía conducir a pactar la reincorporación de los antiguos trabajadores, así como sus condiciones salariales. Nadie quiso pasar por ese aro. Incluso, los dos grupos interesados decidieron mantenerse en el más absoluto anonimato para evitar presiones sindicales.

En los últimos días había cobrado fuerza la opción de un fondo de inversión que, pese a que su proyecto no era del agrado del Gobierno vasco, se vislumbraba como la única fórmula para propiciar la generación de empleo en la Margen Izquierda, aunque en sectores de actividad que nada tenían que ver con la construcción naval. Esto es, un proyecto dedicado a la construcción de un parque industrial en los antiguos terrenos del astillero. Pero en la tarde del martes los responsables del fondo transmitían al Gobierno vasco que abandonaban la idea, al menos por el momento. No querían, así lo indicaron, correr el riesgo de tener que hacerse cargo de la plantilla que ha pleiteado en torno a su despido.

Al menos 150 de los 177 trabajadores que tenía la plantilla de La Naval en el momento de cesar su actividad, a finales de 2018, han conseguido una salida a su situación. Fueron recolocados en alguno de los astilleros que el grupo público Navantia tiene fuera del País Vasco o recibieron una importante indemnización en los casos en que renunciaron a ese puesto de trabajo. Mayores problemas han tenido los 27 trabajadores que no tenían derecho a recolocación -entraron en la empresa cuando ésta ya era privada- y los cientos de empleados de empresas subcontratistas que carecían de una cobertura similar.