La quiebra de La Naval deja un agujero de 130 millones a los proveedores

El proceso que condujo a la quiebra del astillero comenzó a finales de 2017, cuando las tensiones de tesorería impidieron a la empresa continuar con la construcción de buques. Las pérdidas millonarias de los ejercicios anteriores y la negativa de la banca a seguir financiando a la empresa –a sabiendas de que los buques en construcción resultarían ruinosos–, precipitaron el final de una empresa centenaria. En aquel momento había tres barcos en proceso de construcción y otro más en contratado. Uno de los tres en construcción, la draga de succión 'Vox Alexia' no llegaría a navegar y su casco fue desguazado y vendido por 800.000 euros a una empresa de comercialización de chatarra.

Fuentes conocedoras del proceso de liquidación han señalado que el final está muy cerca y previsiblemente llegará antes del verano. Pese a ello ya existen cifras prácticamente definitivas ya que, apuntan las mismas fuentes, tan solo está pendiente de pago el Impuesto de Plusvalía al Ayuntamiento de Sestao. Un tributo generado por la venta de los 300.000 metros cuadrados de terreno que ocupaba el astillero y que ahora son propiedad de la multinacional belga VGP.

Las 456 empresas con 'créditos ordinarios' en la quiebra han comenzado a cobrar esta semana. Es un anticipo de la liquidación final que alcanza a 7,5 euros de cada 100 euros que les adeudaba el astillero. Las mismas estimaciones apuntan a que es, aproximadamente, la mitad de lo que cobrarán como factura final. Muchas de estas empresas que quedaron atrapadas en la quiebra mantuvieron sus suministros en la etapa final del astillero en la esperanza de que apareciese algún inversor dispuesto a reflotar la compañía. Pero pese a los mensajes optimistas del equipo directivo y a los devaneos con un empresario asturiano, Manuel del Dago, todos los intentos por mantener la continuidad en la construcción de buques fracasaron. Nadie se atrevió a recapitalizar la empresa.

La venta de los activos de la compañía, decretada por un juzgado al constatar la ausencia de ofertas para continuar con la actividad de construcción de buques, permitió ingresar una cifra próxima a los 40 millones de euros. El activo más importante eran los terrenos, cuya venta aportó 36 millones de euros al adjudicarse a la mejor oferta. En la actualidad la compañía VGP está en plenos trabajos de urbanización de esa enorme parcela, que se dedicará a actividades industriales y también a servicios logísticos de almacenaje y distribución de mercancías.

Algunos activos que fueron vendidos tenían un beneficiario directo, al existir algún tipo de garantía sobre ellos. Esta era la situación del caso del 'Vox Alexia', que estaba vinculado a un crédito concedido por un grupo de bancos.

Por otra parte, los 173 trabajadores que pertenecían a La Naval han cobrado las indemnizaciones que les correspondían por su despido –7 millones de euros en total–, al tiempo que 150 de ellos tenían garantía de recolocación en alguna de las factorías del grupo público Navantia. Un compromiso que existía desde la privatización de La Naval, ejecutada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en 2006.