«Queremos nuestros puestos de trabajo»

«Yo empecé a trabajar en Babcock en el 2002. Entrar allí era un orgullo, era estar en una empresa de calidad. Ser soldador allí era ser reconocido como un profesional de categoría. No entraba cualquiera. Yo, de hecho, hice una prueba en Erandio pensando que era para conseguir el trabajo, pero en realidad era una criba para hacer después el test definitivo».

«Pronto vimos que las cosas estaban muy mal. En cuanto entré a trabajar ya me dijeron que ese mes no se iba a cobrar porque no había dinero. Fue sólo el principio. Los nueve años que estuve en los talleres fueron un auténtico calvario. Mi mujer era secretaria y trabajaba en las oficinas de Babcock. En 2006 pusimos la demanda porque veíamos que esto no tenía futuro».

«En 2011 nos fuimos los dos al paro con dos hijos pequeños. Fue una locura. Tenía 46 años, una edad muy jodida. Nos tiramos año y pico buscando algo. El sector estaba muy mal. No nos salía nada. Aquello era sorprendente, porque ser soldador de la Babcock tenía mucho prestigio. Pero había que comer. En nuestro barrio de Barakaldo se traspasaba una frutería-charcutería. Yo nunca había vendido fruta. Apenas sabía cortar. Decidimos arriesgarnos. Estuvimos un tiempo trabajando los dos. Era duro. No era lo nuestro. El negocio tampoco iba muy bien y volví a buscar trabajo. Al principio surgieron pequeños contratos de pocos meses. Mucha inestabilidad. Ahora estoy en mantenimiento en una empresa y hago de todo. Mi mujer es secretaria en una clínica. Lo hemos pasado muy mal».

«Nuestra pesadilla empezó en 2001, cuando el Gobierno de Aznar decidió privatizar malamente la empresa con un grupo alemán que estaba incluso peor que nosotros. Yo llevaba ya tiempo trabajando en Babcock. Entré como azafata con 25 años y fui progresando. Los últimos diez estuve como secretaria del comité de dirección. En 2003 nos volvieron a privatizar con un grupo austríaco conocido en su país por hacer fortuna con los moteles de carretera y los bares de lucecitas. Sus gestores parecían sacados de una película de Torrente. Cobraban 18.000 euros al mes, pero su principal preocupación era gestionar los menús del comedor. No había plan industrial. Sospechamos que, en realidad, sólo estaban aquí para cerrar la empresa y fue entonces cuando casi toda la plantilla presentamos la demanda de integración en la Sepi».

«Cuando la empresa cerró tenía 47 años: mayor para incorporarme al mercado laboral, pero joven para jubilarme. Me volví invisible, sufriendo en silencio para no hacer sufrir a los que te quieren. He sobrevivido gracias a la indemnización que cobré y gracias a mi titulación en Turismo, que me dio la oportunidad de trabajar en Portugalete como guía en el museo de la Industria».

«Han sido 13 años muy duros desde que pusimos la demanda. Seis compañeros han fallecido en este tiempo. Pero ahora la Justicia nos ha dado la razón y vamos a seguir peleando para que nos reintegren. Y para que se exijan responsabilidades a los culpables de este gran fraude».

«Llegué a Babcock en el 2006. Había trabajado antes en Mecánica la Peña, competencia de Babcock que cerró en el 2000. Cambié por la calidad de vida y porque era una empresa puntera, no por dinero. En Babcock se trabajaba bien, los horarios eran buenos y había un convenio muy bueno. Entré en ingeniería y a los dos años me subieron a presupuestos. La responsabilidad era muy grande, porque el equipo más pequeño que se hacía era de medio millón de euros. Y de pronto nos vimos en la calle. Fue un cierre por motivos políticos. Aquí hubo una merienda de negros bestial y los sindicatos nos vendieron como a auténticos perros: nos mandaron a la calle con 38 días, cuando había patrimonio para habernos dado los 45 días. Lo peor es que aquí había trabajo. La Babcock no se tenía que haber cerrado».

«Al principio no me quería nadie. Después entraba y salía de muchos sitios. Tuve que ponerme a estudiar con casi 50 años. Ahora trabajo en una ingeniería de servicios en Bilbao. Estoy cobrando la mitad de lo que cobraría en Babcock. Aquí, en función de la categoría, los trabajadores podían ganar desde cerca de 30.000 euros hasta los 50.000 euros que podía percibir un ingeniero».

«Yo tenía 44 años y dos hijos cuando nos fuimos a la calle con una mano delante y otra detrás. Los dos primeros años dormía dos o tres horas y me despertaba sobresaltado. Me tenía que ir al sofá. He podido dejar las pastillas para dormir, pero todavía hoy me sigo despertando con angustia. Y ahora más, en pleno proceso, porque mi sentencia salió hace un año y estamos en fase de ejecución, que no hacen más que alargar. Me tienen que integrar en la empresa. Lo que pido es un puesto de trabajo, un sueldo digno y sacarme la mala leche por todos estos años, por la nefasta gestión del Estado».

«La empresa necesitaba gente joven. Entré en el 2002, cuando tenía 22 años. Estuve un tiempo de eventual, hasta que me hicieron fijo. Esto era una gran escuela. Hay gente que dice que éramos unos privilegiados, pero profesionales como los que había aquí no los he visto fuera».

«Yo me puedo considerar un privilegiado comparado con otros compañeros. No tenía cargas familiares, no tenía hipoteca y contaba con el apoyo de mis padres. Pero es verdad que salí muy tocado de aquí. Muy tocado. Al final estábamos sin trabajar, no nos pagaban, tus compañeros estaban muy cansados y había una presión enorme. No se sabía si iba a cerrar o no. Llegó al punto de que lo único que quería era que acabase ya. Sólo quería pasar página y seguir con mi vida. Pero cuando llegó el momento, acabé llorando como un niño. Tenía 32 años».

«Estuve un año y medio en paro porque todo lo que habíamos vivido me afectó mucho. Quería estar tranquilo y ver qué hacía con mi vida porque tenía la suerte de poder hacerlo. Luego empecé a hacer cosas, dando tumbos por empresas. Me decían que trabajaba muy bien, pero que ya me llamarían dentro de seis meses. No he conseguido un contrato indefinido hasta hace un año. La precariedad es algo que ha pasado en toda España, pero se hace más duro cuando sabes que a nosotros no nos tenían que haber echado así a la calle. De hecho, todavía nos siguen debiendo dinero. Nos deben una paga extra y una subida del IPC, entre 3.500 y 4.000 euros. Pero, sobre todo, lo que esperamos ahora es que nos devuelvan un trabajo. No te digo que queremos que nos paguen 2.500 euros al mes. Queremos un trabajo digno. Porque insisto: ha quedado demostrado que nunca deberíamos haber estado en esta situación. Además, el daño no ha sido sólo a nosotros, también arrastró un montón de contratas que había alrededor. ¿Y todo para montar ahora dos supermercados con 10 trabajadores a los que van a pagar cuatro pavos?».