¿Estamos a las puertas de un nuevo INI?

Ya en 1997 el catedrático de teoría Económica Julio Segura -años más tarde sería nombrado presidente de la CNMV- pronosticó que llegaría el momento en que «se volvería a crear un gran grupo público, cuando la banca deje abandonadas a muchas empresas que ahora controla». Y es que hay quien considera que lo que ahora se vislumbra como una operación puntual, temporal -entrar ayudar y salir-, puede convertirse a medio plazo en algo estructural. La verdad es que no sucedió cuando los bancos soltaron sus participaciones accionariales tras la pasada crisis económica, forzados por el Banco Central Europeo, pero ha llegado ahora cuando han dicho un «hasta aquí hemos llegado, no hay más crédito para vosotros».

Esta es, por cruda que parezca, la situación de las 15 empresas que han acudido a las puertas de la Sepi a pedir árnica. Además de Air Europa, figuran en ese plantel compañías como la naviera Armas (Transmediterránea), el grupo siderúrgico Celsa -en el que están integradas las vascas Nervacero y la antigua Laminaciones Arregui-, Duro Felguera, Globalia, Barceló, el astillero gallego Barreras y la alavesa Tubos Reunidos. En total, las empresas que han acudido a lanzar el tópico 'SOS' reclaman 1.000 millones de euros, una décima parte del fondo disponible.

«La mayor parte de ellas van a optar por el crédito participativo o el crédito convencional y van a tratar de evitar la entrada de Sepi en el capital», asegura David Mellado, socio de la firma PWC. Las condiciones impuestas por el grupo público son rígidas. Las empresas que accedan a las ayudas deberán asumir un pacto, en el que se comprometen a eliminar la remuneración variable del consejo de administración, a no repartir dividendos y también a depositar en manos de la sociedad pública algunas decisiones estratégicas: la compra de otras sociedades, es una de ellas.

«Hay unos criterios muy claros que se deben cumplir y no se puede pensar en que habrá una gran flexibilidad a la hora de acceder al rescate», apunta Alfredo Ciriaco, socio de la firma Attest, otra de las seleccionadas por el Estado para analizar los planes de viabilidad. Pero lo cierto es que aunque el plan se ha creado para ayudar a empresas cuya crisis sea algo sobrevenido como consecuencia de la pandemia, también es cierto que firmas como Celsa, Duro Felguera o Tubos Reunidos, estaban ya en el alero a finales de diciembre de 2019. Mucho antes de que el virus llegase a nuestras vidas.

Todo el mundo parte de la idea de que va a haber muchas presiones -de la banca, de los sindicatos, de partidos políticos, de gobiernos regionales y de todo aquel que tenga algo que decir- para que se abra la mano y se dé una segunda oportunidad a lo que hace ya tiempo comenzaba a calificarse como auténticos 'zombies industriales'. «El fondo tiene mucho sentido y va a permitir ayudar a muchas empresas que tienen futuro», defiende Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal CEOE, tras recordar que «es un instrumento que tiene carácter temporal».

El papel lo aguanta todo, de ahí que lo que hoy se formula como temporal, dentro de un tiempo puede no serlo. Si alguna de las empresas rescatadas vuelve a caer en la sima de la crisis, ¿soportará el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la presión de los sindicatos para evitar una sangría laboral o un procedimiento concursal? De momento nadie quiere asumir que ese riesgo de rescatar el viejo INI existe. «Creo que podemos encontrarnos ante tres escenarios. El primero -apunta Fernández de Mesa-, el de las empresas que salgan adelante y devuelvan las ayudas. El segundo el de las que se vean condenadas a un cierre definitivo. Pero también hay un tercero, que es el de aquellas que puedan ser viables con una quita de su deuda. Habrá que considerarlo si llega el caso», concluye.

«Creo que el control será el menor dentro de lo necesario, sin inmiscuirse en cuestiones propias de la gestión de las empresas. Y ello porque no está previsto, pero también porque supone asumir una responsabilidad de cara al futuro», apunta Daniel Mellado. En su opinión, operaciones como el rescate de Bankia, depositado en manos de un equipo profesional liderado por José Ignacio Goirigolzarri, «son un buen ejemplo de cómo hay que hacer determinadas cosas».

Y al fondo el ojo vigilante de la Unión Europea, que ha marcado los criterios básicos de este embarrado terreno de juego de las ayudas públicas en tiempos de pandemia. Sólo las ayudas que superen los 250 millones de euros requieren remitir una información previa a la Comisión Europea, pero los expertos advierten que situarse por debajo de esa cifra no es una garantía de tranquilidad total. Siempre puede surgir un competidor que presente una denuncia ante la UE porque considere que algo colisiona de frente con la normativa.

La escasa transparencia vinculada a estas ayudas -ni siquiera se conocen todavía las condiciones del rescate de Air Europa-, es otro elemento controvertido aunque quizá responda a razones de peso. «Que el fondo de ayuda puede tener un efecto revitalizador para una empresa, una inyección de confianza en la plantilla, en los proveedores y en los clientes. Que pidas la ayuda y la rechacen puede ser la puntilla porque todo el mundo admite que es una especie de última oportunidad. Es un tema delicado», advierte Alfredo Ciriaco.