Primeras sentencias en Euskadi contra el cártel de coches por pactar precios

De hecho, la batalla judicial en esta fase del proceso radica en cuantificar el sobrecoste supuestamente pagado por los usuarios como consecuencia del acuerdo en precios. La infracción está más que probada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso entre 2015 y 2016 una sanción a 21 fabricantes y 171 concesionarios por prácticas anticompetitivas al demostrarse que habían intercambiado información «para eliminar incertidumbres sobre la evolución del mercado y asegurar su estabilidad..., lo que se trasladó al consumidor en forma de menores descuentos».

Las firmas multadas recurrieron a la Audiencia Nacional, que a finales de 2019 rechazó sus objeciones y confirmó la resolución de Competencia. El caso llegó al Tribunal Supremo, que en una sentencia de abril de 2021 se alineó también con el organismo. Consideró probados los elementos constitutivos de la infracción sancionada por la CNMC.

A partir de ahí se inició la presentación de reclamaciones por parte de numerosos despachos y asociaciones, que están tratando de aglutinar demandantes. Según diversas fuentes, unos ocho millones de consumidores estarían afectados en todo el país. Se trata de todas aquellas personas que compraron entre febrero de 2006 y agosto de 2013 un vehículo de las marcas Citröen, Chevrolet, Chrysler, Fiat, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo.

Las primeras sentencias en Bizkaia se dictaron en septiembre pasado. La del Mercantil número 1, con Marcos Bermúdez como titular, estima parcialmente la demanda del afectado. La considera justificada, pero cuestiona su dictamen pericial con lo que, en vez de devolverle los 2.303 euros solicitados, solo accede a entregarle 808, el equivalente al 5% del valor de compra del coche.

En este caso el demandante adquirió un Citröen Picasso por 16.162 euros en julio de 2006. Presentó la demanda contra Automóviles Citröen y Peugeot España en abril del año pasado. En su sentencia, el juez Bermúdez considera que «la conducta de la demandada, por su participación en el intercambio de información sancionada, produjo daños al demandante en forma de sobrecoste». Estima, sin embargo, que el informe pericial del afectado no explica de forma adecuada cómo llega al cálculo de 2.303 euros y por eso establece la devolución en el 5%. Como la cantidad en juego es inferior a 3.000 euros, no admite recurso.

La otra sentencia de Bizkaia es del Mercantil 3, con José María Tapia de titular, que concede al demandante los 1.628 euros que reclamó a Hyundai. En Gipuzkoa hay dos fallos del juez Pedro José Malagón contra el cártel. En uno establece la devolución de 1.120 euros, el 5% del valor del coche, y en otro desestima la demanda por defectos en el informe técnico.

La Asociación de Consumidores afectados por el Cártel de los coches asegura que ya ha aglutinado cerca de 3.400 reclamaciones en Euskadi, pero que están tratando de mejorar las demandas para elevar la cantidad a recuperar al 10%-15% del valor del coche. Por su parte, EKA-ACUV reúne a cerca de 300 afectados. «Por ahora tenemos presentadas dos demandas y estamos a la espera de cómo se resuelven. Hemos solicitado una pericial judicial para facilitar los procesos», dice su abogado, Iñaki Velasco.