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El impuesto a las energéticas que el PSOE se comprometió con Podemos a mantener al menos otro año a cambio de recibir el apoyo de los morados al paquete fiscal aprobado el 21 de noviembre en el Congreso parece tener los días contados. Como todo el mundo esperaba –también Podemos–, ni el Gobierno central tiene el menor interés en impulsarlo por mucho que asegure que sí, ni existe una mayoría parlamentaria suficiente para que vea la luz porque el PNV y Junts tienen incluso menos ganas que la parte socialista del Gobierno en que así sea, como quedó ayer en evidencia. Además, si la estrategia de Podemos pasa por intentar 'convencer' a los jeltzales y a los posconvergentes llamándoles «cachorros de Repsol por estar a los dictados de Josu Jon Imaz», el final de esta historia es más que previsible.
El problema, sobre todo para Pedro Sánchez, es que la formación que lidera la exministra Ione Belarra ha advertido de que si no hay impuesto, tampoco habrá Presupuestos Generales del Estado en 2025. Y esto, además de afectar al propio presidente, también repercute de forma negativa en el PNV, que sigue fiándolo todo a que el secretario general del PSOE siga en Moncloa para materializar los pactos alcanzados y poder cerrar el círculo de un futuro nuevo estatus para Euskadi.
«La palabra es lo más valioso que tiene una persona en política. Nosotras tenemos en mucha estima nuestra palabra y cuando cerramos compromisos Podemos siempre cumple (...) El PSOE tiene que cumplir porque se comprometió con nosotros a que habría impuesto a las energéticas y hasta que no se cumpla ese compromiso evidentemente no vamos a cerrar otros», zanjó este miércoles Belarra.
Las duras críticas de Podemos se produjeron después de que el PNV y Junts decidiesen no acudir a la reunión celebrada ayer por la tarde para abordar junto al Ministerio de Hacienda y el resto de partidos que conforman la llamada mayoría de investidura posibles fórmulas para que este impuesto siga estando vigente. Mientras que los de Carles Puigdemont no han tenido reparos en rechazar sin ambages esta figura tributaria si pone en peligro las inversiones previstas por las compañías –como advirtió el CEO de Repsol en una artículo en EL CORREO–, el PNV ha tenido una posición más equidistante limitando sus exigencias a que el gravamen extraordinario se convierta en impuesto para poder concertarlo con las haciendas forales y así poder gestionarlo desde las diputaciones.
«No tiene ningún sentido hacer una reunión para discutir sobre un impuesto entre siete u ocho partidos en una mesa abierta. Así no se discuten las cosas, y, menos, teniendo la Prensa justo al otro lado de la puerta. Para hacer un paripé que necesita algún partido político, Podemos sobre todo pero también algún otro, no vamos a participar», criticó el portavoz jeltzale en el Congreso.
En este sentido, Aitor Esteban llegó a dudar de la capacidad técnica que puedan tener los interlocutores sobre el asunto del tributo al ser «muy técnico y muy complejo». Para el diputado, estas cosas «hay que hacerlas con seriedad» ya que de la fiscalidad al sector energético dependen «muchos puestos de trabajo». «El PNV nunca va a poner en juego el sistema de Concierto de Euskadi, ni tampoco el futuro de la industria vasca», zanjó.
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