El polémico criterio del Superior sobre la prohibición de despedir se aprobó en pleno

La sentencia, que se contradice con otras como la del TSJ de Madrid y suscita entre las empresas el temor a una oleada de anulaciones de EREs y despidos en Euskadi, va a llegar al Tribunal Supremo. Lo confirmaron a este periódico fuentes de la propia pyme, que se considera «cabeza de turco» de un debate jurídico que le puede llevar a la quiebra. «Hemos tenido que contratar a un despacho para el recurso de casación porque el de Primera Instancia, que ganamos, nos lo llevó el abogado de la gestoría. Para nosotros readmitir al trabajador y pagarle las nóminas atrasadas nos puede hundir. Estamos al límite», explican.

La empresa de utillaje, ubicada en Galdakao, cuenta con solo 12 trabajadores. Es heredera de un taller del que se hicieron cargo los empleados. Uno de sus administradores relata que se tomó la decisión de despedir al trabajador para reducir gastos en un momento crítico. «En 2018 y 2019 tuvimos pérdidas porque cada vez nos aprietan más en márgenes. Nos hemos reducido el salario y hecho todo lo posible, pero no da», explica. Con la crisis del Covid la cosa fue a peor por su dependencia del sector aeronáutico. «El grueso de nuestra facturación viene de calibrar piezas para clientes como Aernnova o Aciturri», subraya.

Le resulta irónico que el TSJ les haya anulado el despido porque la norma obliga a hacer los ajustes a través de ERTEs. «Presentamos uno por fuerza mayor, para tener exoneraciones, y nos lo denegaron por no pertenecer al sector aeronáutico», denuncia.

El trabajador despedido fue a juicio de la mano de ELA, sindicato al que está afiliado. Perdió en Primera Instancia. El fallo consideró que el cese por causas económicas distintas al Covid estaba bien justificado, con lo que no se había vulnerado la prohibición. El juez que lo dictó es el catedrático Jaime Segalés, que perteneció al TSJ.

Los abogados de ELA recurrieron y tuvieron éxito. El Superior, con Biurrun como ponente, revisó la sentencia de Primera Instancia y concluyó que la causa real del despido fue el parón del sector aeronáutico. No consideró justificado el cese con solo 10.000 euros de pérdidas y recordó que la pyme externalizó servicios a los que se dedicaba el trabajador por 30.000 euros.

Resolvió que, al alegar causas económicas diferentes al Covid, la pyme quiso esquivar el veto al despido y, por tanto, cometió fraude de ley. En consecuencia, anuló el cese. «Nos parece muy positivo. Lo que dice la Sala de lo Social es que la norma obliga a realizar los ajustes con medidas como los ERTE y por eso se impuso la prohibición de despedir. Si saltársela solo tiene de castigo que se declare como improcedente, se arregla con dinero», señala Iratxe Ordorika, coordinadora de los servicios jurídicos de ELA.

Bufetes como Barrilero, Garrigues o Cuatrecasas discrepan y creen que la anulación va en contra de la doctrina existente, según la cual se debería declarar el despido como improcedente. El Supremo resolverá, pero no se sabe cuándo.