Las plantas de Celsa en Euskadi han recibido más de dos millones en ayudas del Gobierno vasco

El grueso de esa cantidad, un total de 1,3 millones, se inyectó en diferentes programas el año pasado, cuando la deuda ya superaba los 1.300 millones. En 2019 se aprobaron subvenciones por 430.454 euros y entre 2016 y 2018 otras por 430.000 euros. Así lo detalla la consejera de Desarrollo Económico del Ejecutivo autonómico, Arantxa Tapia, en un envío de documentación solicitada por el diputado de Elkarrekin Podemos, David Soto.

Celsa tiene en Euskadi plantas en Bizkaia -la fábrica de Nervacero- y las instalaciones en Álava de Laminaciones Arregui. Entre todas emplean a cerca de 400 trabajadores. El grupo que pertenecía a los Rubiralta fue adquirido por sentencia judicial el pasado septiembre por los fondos que compraron la deuda, capitaneados por Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group y Attesor Capital.

Al tratarse de una compañía considerada estratégica y de actores internacionales, la legislación española establece la necesidad de que el Gobierno central apruebe la operación. El Ministerio de Industria y los fondos adquirientes han llegado a un acuerdo por el que se comprometen a mantener las instalaciones y el empleo y a dar entrada a un socio nacional de carácter industrial con un 20% de las acciones.

Todo ello coincide con que en el Parlamento vasco se está tramitando por primera vez la posibilidad de obligar por ley a las empresas que desinviertan en Euskadi a devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos diez años. La propuesta surgió de una proposición de ley de Bildu que los dos socios en el Ejecutivo autonómico (PNV y PSE) aceptaron tratar uniéndola a la Ley de Vasca de Subvenciones.

Mientras tanto, Sidenor, el grupo del empresario vasco José Antonio Jainaga, sigue en el centro de todas las miradas. La compañía no ha confirmado más movimiento que el de «seguir la operación», pero fuentes conocedoras del proceso señalan a EL CORREO el interés de las Administraciones públicas en que pueda concretarse su participación en ese 20% exigido a un socio nacional. Fuentes del Gobierno vasco insisten en que buscan que ese socio pueda ser una compañía de Euskadi porque, como ya señaló la propia Arantxa Tapia, «hay interesados».

El plazo para esa operación es de seis meses y su papel será determinante una vez que los fondos completen la salida y recojan beneficios, porque se quedará en una posición de control de la compañía.