El Gobierno vasco no tendrá que abonar cerca de 200 millones extra al plan de pensiones complementario de sus funcionarios, a Itzarri EPSV, al rechazar este martes el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por los sindicatos Erne y ELA. Las centrales sindicales ... exigían que se ingresasen las aportaciones no realizadas entre los ejercicios 2014 y 2016 que el Gobierno vasco suspendió por limitaciones presupuestarias. De esta forma el Supremo da la razón a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de fecha 23 de enero de 2019, también desestimó la reclamación sindical. Por ahora el Supremo sólo ha comunicado el fallo a las partes, pero no la argumentación del fallo, por lo que habrá esperar unos días para conocer exactamente las razones del mismo.
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Erne y ELA reclamaban las aportaciones del 3% para todos los trabajadores dependientes del Gobierno vasco desde el 1 de enero de 2014, fecha en la que se alzó la prohibición de realizar aportaciones a los planes de pensiones. La petición de Erne se dirigía al colectivo de la Ertzaintza y la del sindicato ELA al conjunto de empleados públicos que se encontraban dentro del ámbito de la EPSV Itzarri, por lo que afectaría a cerca de 90.000 funcionarios o empleados públicos.
El recurso de ambas centrales sindicales responde a que, tras las limitaciones y recortes presupuestarias de la anterior crisis económica, bajo la presidencia de Mariano Rajoy -que vía Real Decreto en 2011 prohibió las aportaciones públicas a las EPSV- en 2014 se eliminó tal prohibición, pero el Ejecutivo vasco no las volvió a activar hasta 2018.
En enero de 2019, el TSJPV sentenció que el hecho de levantarse las limitaciones a las aportaciones al plan de pensiones complementario de los funcionarios, no implicaba un «obligado» al Ejecutivo para su realización. Así, el tribunal vasco estimó que no existía «imperatividad o mandato, u obligación», al margen de que existieran o no pactos de los que se derivara obligar a las aportaciones.
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La Administración vasca rechazó que esos pactos obligaran a realizar las aportaciones a Itzarri EPSV, dado que argumentaba que se debía atender a la regulación presupuestaria vigente en cada momento.
En relación con el ejercicio 2014 y 2015, la resolución judicial recordaba que, si bien se partía de la congelación salarial, introdujeron la matización de que «siempre que se respetara que no hubiera incremento de la masa salarial», las Administraciones podían realizar aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo en relación con los Planes o contactos de seguro que hubieren sido suscritos antes del 31 de diciembre de 2011, periodo temporal en el que quedaba afectada la EPSV Itzarri.
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Por ello, la sentencia de 2019 indicaba que sí existía la posibilidad de que las Administraciones realizaran aportaciones, «pero siempre sin incrementar la masa salarial». «En este caso, no se hizo uso de esa posibilidad, que hubiera supuesto tener que detraer el importe de las aportaciones de las retribuciones integradas en la masa salarial», añadía.
Tras conocer la orientación del fallo judicial, el secretario general del sindicato Erne, de la Ertzaintza, Roberto Seijo, se muestra totalmente en desacuerdo y adelanta que analizarán si es posible recurrir al Tribunal Constitucional o al Europeo. En su opinión «es una injusticia» que el Gobierno vasco siga discriminando económicamente a sus funcionarios, cuando las aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores de Diputaciones y Ayuntamientos (que se canalizan a través de Elkarkidetza EPSV) se retomaron en 2014. Por contra, los funcionarios del Gobierno vasco tuvieron que esperar hasta 2018 (el recurso reclama los pagos hasta 2016, al ser el año en que se presentó la demanda inicial)
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Erne y ELA recuerda que fue el propio PNV el que hizo que se eliminase la prohibición de aportar a los planes de pensiones complementarios de los funcionarios públicos, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2014. «Nos parece una grave discriminación que no se aplicase para los empleados públicos del Gobierno vasco» enfatiza Roberto Seijo.
Aún más, Erne critica aún al Ejecutivo porque la aportación actual a Itzarri EPSV equivale solo al 2% del salario, cuando debería estar en el 3%, como antes de que se cortarse en 2012.
Desde ELA reiteran que «seguiremos luchando» para «revertir este recorte en todos los ámbitos afectados» y anima a todos los trabajadores «a movilizarse en defensa de sus derechos».
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Como telón de fondo ELA tiene convocada para el próximo 22 de abril una huelga en la administración pública vasca contra la temporalidad laboral y para reclamar estabilidad para los trabajadores interinos. Esta convocatoria cuenta con el respaldo de LAB, CC OO, Satse, Steilas y ESK.
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