Pensión de funcionarios: El Gobierno aclara los cambios en las pensiones de clases pasivas

Jorge Murcia

Martes, 25 de agosto 2020, 08:05

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha visto obligado recientemente a salir al paso de informaciones que alertan sobre un inminente «desmantelamiento» del sistema de pensiones de las clases pasivas. En concreto, Escrivá denunciaba la pasada semana a través de su cuenta de Twitter un «bulo» -publicado por un diario digital- que perseguía «generar incertidumbre» en un colectivo que agrupa a unas 650.000 personas.

El de clases pasivas forma parte del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado y según indica el ministerio en su página web, «garantiza la protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia de determinados colectivos que prestan o han prestado servicios al Estado».

Están incluidos en este régimen los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, de la de Justicia, de las Cortes Generales, los transferidos a las Comunidades Autónomas (que no ingresen en cuerpos propios autonómicos), militares, así como expresidentes, vicepresidentes y exministros del Gobierno de la nación y otros altos cargos.

El origen de la información denunciada por Escrivá está en el traspaso de la gestión de estas pensiones desde Hacienda a la Seguridad Social. La medida, articulada a través de distintos decretos-ley aprobados este año, y efectiva a partir del próximo 6 de octubre, busca integrar todas las pensiones públicas bajo el ministerio que Escrivá dirige.

Mientras tanto se ha habilitado un sistema transitorio, de manera que cualquier trámite o gestión relacionada con las prestaciones del régimen de clases pasivas será competencia de dos direcciones generales: la de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda -en el caso de las pensiones causadas por funcionarios civiles- y la de Personal-Área de Pensiones del Ministerio de Defensa -para militares y guardias civiles-.

La información del diario digital aventura que este traspaso de la gestión supondrá que el Gobierno «podrá aplicar sobre esas pensiones el recorte o eliminación de derechos adquiridos que desee». Y que, además, «en posteriores y nada descartables recortes como motivo de la crisis, esos funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada». Dirían adiós, asegura el diario, «a su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceso a la jubilación».

Los funcionarios de las clases pasivas pueden cobrar cinco tipos de pensiones: de jubilación; en favor de familiares; derivadas de actos de terrorismo; militares, y excepcionales. Los requisitos para acceder a la prestación por jubilación contienen algunas diferencias respecto a los beneficiarios del régimen general. Por ejemplo, la edad ordinaria y obligatoria de jubilación es de 65 años, mientras que los trabajadores por cuenta ajena o autónomos pueden prolongar su vida laboral. Eso sí, existe un grupo de funcionarios -como magistrados, jueces, fiscales o secretarios judiciales- cuya edad de jubilación forzosa se sitúa en los 70 años.

También son diferentes los requisitos para acceder a una jubilación anticipada, que en el caso de los funcionarios está disponible a partir de los 60 años si han trabajado para el Estado un mínimo de 30. Los trabajadores asalariados pueden jubilarse dos años antes de lo que legalmente le corresponda en cada momento sólo si ha cotizado al menos 35 años. Además, al menos dos de ellos deberán estar incluidos en los 15 anteriormente posteriores al momento de hacerse efectiva la jubilación.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subraya que el traspaso de la gestión «no implica ningún cambio ni para los funcionarios de este régimen -en cuanto a las reglas de cotización o condiciones de acceso a la prestación- ni para los beneficiarios de las prestaciones». Tampoco tiene efectos económicos sobre la Seguridad Social puesto que los fondos para abonar las prestaciones correspondientes de clases pasivas proceden de los Presupuestos Generales del Estado «y así seguirá siendo».

El régimen de clases pasivas, aunque sigue en vigor, no incorpora a nuevos funcionarios desde el 1 de enero de 2011. El personal de nuevo ingreso se integra, desde entonces, en el régimen general de la Seguridad Social.

El «intento irresponsable de generar incertidumbre» señalado por Escrivá en su cuenta de Twitter pasa por alto «las claras explicaciones sobre la gestión de estas pensiones por @inclusiongob», así como la denuncia del @CSIFnacional«. El ministro aludía así a un comunicado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) hecho público el pasado 27 de abril. El sindicato más representativo en las administraciones públicas denunciaba entonces «una campaña de desinformación en redes sociales» sobre el traspaso de la gestión de las clases pasivas.

La campaña, promovida a través de mensajes de Whatsapp, «pretende generar confusión y alarma en la opinión pública, haciendo pasar por actual una nota que publicó el sindicato en 2011 (...) cuando el Ejecutivo de Zapatero pretendió modificar el régimen de clases pasivas». Se intenta, consideraba entonces el sindicato, «confundir al colectivo de funcionarios con una propuesta del Gobierno de 2011 que finalmente no prosperó». El Ejecutivo socialista de entonces, asfixiado por la crisis económica, proponía elevar a 67 años la edad de jubilación del colectivo y eliminar la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años de edad.