Jubilación 2020: la renovación de funcionarios topa con el coronavirus

Durante las décadas de los años 80 y 90 se incorporaron a las administraciones públicas cientos de miles de empleados que con su trabajo contribuyeron a levantar el Estado de las autonomías. Muchos de esos empleados públicos están llegando ahora, o lo harán en breve, al final de su carrera laboral, según un informe de Adams Formación.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre de 2019, revela que hay en España 3,25 millones de empleados públicos. Más de una cuarta parte de estos trabajadores cumplirán a lo largo de la próxima década la edad legal de jubilación. Hoy día está fijada en 65 años y 10 meses, pero para 2027 habrá alcanzado ya los 67 años. Según la estadística, más de 925.000 empleados del sector público superan los 55 años, así que en teoría podrán jubilarse en 2030.

No hay que ir tan lejos para calibrar la magnitud el problema, puesto que en los próximos 5 años más de 340.000 empleados públicos accederán a la jubilación. Un poco más allá en el plazo, cerca de la mitad de los trabajadores del Estado (un 44,5%) podría abandonar el mercado laboral por alcanzar la edad de retiro en los próximos 15 años. Son los 1,5 millones de empleados públicos que ha alcanzado ya su quinta década de vida, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A todo esto hay que añadir que hablamos de un colectivo castigado por la crisis económica. Porque, más allá de los recortes salariales, el cuerpo de trabajadores públicos ha sufrido la limitación de las tasas de reposición. Esto quiere decir que no se cubren todos los puestos vacantes -por jubilación o fallecimiento- que se deberían. Además, durante muchos años apenas se convocaron ofertas de empleo público, lo que se ha traducido en una alta tasa de temporalidad en el sector, que es de casi el 27,8%. Mayor, incluso, que en el sector privado.

El colectivo de empleados públicos suma seis años de recuperación en número de efectivos. Pero aún así no se han alcanzado los registros de 2011, cuando se superaron los 3,3 millones. Y es que en los últimos diez años se han creado sólo 64.000 empleos en la Administración Pública. Menos de la cuarta parte de los que se generaron en el lustro anterior.

Por si fuera poco, los empleados públicos tienen una edad notablemente superior a la de los del sector privado, según el informe de Adams. Únicamente siete de cada cien funcionarios (algo menos de 240.000) tiene menos de 30 años. Y el 44% supera el medio siglo de vida, frente al 28% de los trabajadores de empresas privadas.

El anterior Gobierno del PP llegó a un acuerdo con los sindicatos para sacar a concurso 250.000 plazas entre 2017 y 2020 para paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, como ha sucedido en otros tantos ámbitos, el coronavirus ha dado al traste con todos estos planes. Hace una semana, la ministra de Función Pública, Carolina Darias, informaba de un acuerdo con los sindicatos para suspender todas las convocatorias de oposiciones públicas con fecha en vigor. Las pruebas de selección se aplazan «por el tiempo imprescindible», especialmente las de «concurrencia masiva». Sin embargo, los responsables ministeriales garantizan la continuidad de los procesos, ya que sólo se han suspendido de manera temporal, hasta que la crisis sanitaria esté controlada.

¿Y cuáles son las convocatorias paralizadas? Por el momento, las de auxiliar administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), las de inspectores, agentes y cuerpo técnico de Hacienda y de la Agencia Tributaria, las del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia, o las de los organismos autónomos del SEPE, entre otras.