El Gobierno vasco propone destinar un 6% del sueldo a planes de pensiones complementarios

La pensión da justo para vivir. Al menos a la mayoría de los jubilados. Así que, si las administraciones no encuentran otra alternativa pública, hace falta un complemento que garantice una vejez digna. Y ahí entran los planes de pensiones. Más del 60% de los contribuyentes vascos con niveles altos de renta aportan a las EPSV, pero el porcentaje cae hasta el 25% entre quienes cobran salarios bajos. Por eso el reto es extender la previsión social a las rentas medias y bajas. El riesgo de no hacerlo es sufrir en una etapa vital muy vulnerable, cuando llega la edad de retiro, o, en el peor de los casos, caer en la pobreza.

Es en este contexto donde el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, lanzó la propuesta de extender a todos los trabajadores los sistemas de previsión social de empleo -planes de pensiones complementarios pactados en las empresas-, vigentes ya en las administraciones -a través de Elkarkidetza y de Itzarri- y en gran parte de las compañías guipuzcoanas -en torno a Geroa-, donde la fórmula tiene un recorrido exitoso de más de veinte años porque nació de un pacto entre la patronal y los grandes sindicatos, ELA, LAB, CC OO y UGT. De los 950.000 cotizantes vascos, casi la mitad tienen estos planes vinculados a sus puestos de trabajo.

El planteamiento de Rementeria, formulado el 26 de julio ante más de 500 invitados a la recepción de San Ignacio, sorprendió a patronales y sindicatos -los agentes llamados a hacerlo viable- y también al Gobierno vasco, que lleva meses trabajando en la idea de forma discreta y que se vio 'adelantado por la izquierda' por el diputado general. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ha plasmado sus reflexiones en un documento que sirve de patrón al Consejo Vasco de Previsión Social, órgano cuyo plenario no se ha vuelto a reunir desde su constitución, en 2016. Los últimos encuentros entre algunos de sus miembros fueron a mediados de julio, antes de la intervención de Rementeria, y la intención inicial era hacer públicas sus conclusiones en otoño siempre que haya consenso para que la propuesta tenga posibilidades de éxito, lo que a estas alturas parece muy difícil dada la frialdad con la que la han acogido los agentes sociales.

Ese documento del Departamento de Hacienda, elaborado por el viceconsejero de Economía, Alberto Alberdi, es la piedra angular sobre la que pivota la iniciativa. En él, se profundiza en reflexiones que comenzaron a esbozarse hace tres legislaturas y que pretenden responder a una pregunta que es el meollo del problema: ¿cómo movilizar a aquellas personas y colectivos que, de otra manera, no podrían ahorrar para su jubilación? Los expertos calculan que hay que conseguir que estas fórmulas complementarias cubran «en torno al 30% de los salarios finales» con el fin de que la población vasca «disponga de unas tasas de reemplazo de las rentas del trabajo que permitan mantener el nivel de vida» cuando llegue el momento de la jubilación. Y ahí se apunta que «resulta necesario aportar un 6% anual del salario, entre empresa y trabajador y durante toda la vida laboral» -unos 30 años- para reunir ese 30%.

El Gobierno vasco parte de que Euskadi dispone de un entramado legal que regula las denominadas Entidades de Previsión Social Preferentes, modalidad que por sus requisitos -cobro de las prestaciones en forma de renta, aportaciones compartidas entre empresa y trabajador e imposibilidad de rescate hasta la jubilación- es «adecuada para la obtención de pensiones suficientes». Y, además, el País Vasco tiene las competencias fiscales que pueden impulsar estas fórmulas.

La 'receta' del Gobierno vasco trasladada a los agentes sociales tiene cinco características: los planes deben ofrecerse a toda la plantilla de la empresa; requieren aportaciones compartidas de empresarios y trabajadores; tiene que ser imposible el rescate para fines ajenos a la previsión social; las prestaciones deben realizarse, principalmente, en forma de renta, complementando así la pensión pública, y, por último, es preciso extender el instrumento a los autónomos.

El Ejecutivo de Vitoria cree que la fiscalidad aplicada hasta ahora a este tipo de instrumentos de previsión «no ha alcanzado los objetivos pretendidos» por una mezcla de causas: los incentivos no han sido suficientes, tampoco eficaces ni estables en el tiempo, con cambios legislativos que, en ocasiones, han jugado en contra. Por ello, propone realizar «un reflexión sobre el tratamiento tributario más adecuado para alcanzar el objetivo de generalización deseado», ya que sin un marco fiscal ad hoc, esto es, si se sigue como hasta ahora, será imposible ofrecer a empresarios y trabajadores fórmulas de previsión social con visos de éxito.

Es ahí donde entran las diputaciones. Todas han dicho ya, aunque sin ofrecer concreciones, que estudian mejorar los incentivos fiscales a los planes de pensiones. Álava sí fue más precisa, al comentar que en principio se centrará en el IRPF, el que afecta a los ciudadanos. Mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades, el ámbito empresarial, los cambios se limitarían a «cuestiones técnicas», dado que la regulación de este tributo ya fue modificada el año pasado tras un arduo pacto entre PNV y PSE, los dos partidos que comparten el gobierno de las instituciones, y el PP. Esta es una cuestión que de salida solivianta a los empresarios, ya que no conlleva una contraprestación al esfuerzo que deberían hacer las empresas en materia de costes laborales para aportar a estos planes de pensiones de sus trabajadores. De hecho, uno de los planteamientos sobre la mesa es recuperar la deducción en la cuota del 10% en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones de las empresas a los planes de sus empleados, una ventaja suprimida en 2014.