Cuatro expertos analizan el futuro de las pensiones

Y mientras, la urgente reforma de las pensiones está en punto muerto. Descargar a la Seguridad Social de todos los gastos no contributivos, retrasar la edad efectiva de jubilación con incentivos y penalizaciones, ampliar el periodo de cálculo de la pensión y potenciar los panes de empleo son algunas de las medidas que gozan de un gran consenso.

El día 6 de abril celebraremos el 25 aniversario del Pacto de Toledo. En el año 1995 en una situación de crisis económica y ante la incertidumbre sobre el futuro del sistema público de Seguridad Social los Grupos Políticos en el Congreso de los Diputados decidieron ponerse de acuerdo en lo que fueron unas Recomendaciones que sirviesen de marco de referencia para futuras reformas del Sistema. Tuvieron claro que la Seguridad Social es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y que toda la ciudadanía en uno u otro momento de su vida debe afrontar situaciones en las que como consecuencia del desempleo, de la enfermedad, de los accidentes, de la vejez, de la viudedad..... pierde capacidad para obtener una renta salarial y se ve abocada a la necesidad de percibir un subsidio o una pensión. Consideraron que era idóneo el buscar un espacio de debate tranquilo y no sometido a tensiones electorales y partidistas.

Posteriormente, estas Recomendaciones se renovaron en 2003 y en 2011. Y se deberían haber renovado en Enero de 2016 . En febrero de 2019 estuvo apunto de conseguirse un Acuerdo, pero la convocatoria de las Elecciones del 28 de abril hizo que no fuese posible. Atrás quedaron dos años de múltiples reuniones de la mesa y portavoces y de la propia Comisión con cerca de cincuenta comparecencias de miembros del Gobierno, expertos, responsables sindicales y empresariales, representantes de Asociaciones de Autónomos, de la Economía Social, de personas con discapacidad y de diversos organismos públicos como el Banco de España o la AIReF.

Ahora toca retomar toda la tarea realizada e intentar llegar cuanto antes a un Acuerdo en el seno de esta histórica e importante Comisión. La sociedad entera nos está mirando. En los últimos tiempos se han suscitado muchas incertidumbres en relación a la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social en general y de las pensiones públicas en particular y también sobre su suficiencia. Es nuestra responsabilidad transmitir certidumbre y confianza sobre el presente y el futuro de un Sistema de reparto basado en la solidaridad Intergeneracional, Interterritorial e Intersectorial.

Además, el Gobierno ha de trabajar junto con los Agentes sociales y económicos en conseguir un Acuerdo en la Mesa de Diálogo Social.

Solo las Reformas de la Seguridad Social que se basan en estos acuerdos suelen tener futuro. Las que se imponen de manera unilateral por un solo grupo político, aunque en ese momento concreto tenga mayoría, suelen tener muy corto recorrido.

Tenemos que conseguir un acuerdo que garantice pensiones suficientes y socialmente sostenibles en las que se vaya eliminando progresivamente la brecha de género y que garantice también la sostenibilidad financiera a corto, medio y largo plazo. Solo así se tendrá la garantía de que las reformas legislativas son políticamente sostenibles en el tiempo.

Y, por supuesto, hay que garantizar la sostenibilidad jurídica respetando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la normativa de la OIT, la de la Unión Europea y la Constitución Española, en especial, lo establecido en sus artículos 41 y 50.

Un Sistema de Seguridad Social sólido es garantía de cohesión y justicia social y por ende de paz social y estabilidad política.

Por todo ello, una buena manera de celebrar el 25 cumpleaños del Pacto de Toledo sería consiguiendo un Acuerdo que cada día que pasa es más necesario.

Comenzaré por destacar del Informe del Pacto de Toledo en su XII Legislatura, que no se llegó a aprobar, el texto de su recomendación 0, intitulada de 'Defensa del mantenimiento y mejora del sistema de pensiones'. Tal epígrafe escondía una decisiva reflexión sobre los compromisos a que están llamados todos los actores dispuestos a garantizar un «sistema público de Seguridad Social» como «columna vertebral del Estado de Bienestar», y donde las pensiones de naturaleza pública se entienden como concreción de un compromiso de solidaridad intergeneracional. Que, siendo «de reparto», que los que hoy cotizan al sistema para mantener a los y las pensionistas sepan con certeza que mañana pueden esperar el mismo trato de ese sistema. Por ello, las medidas propuestas en este marco tienen como objeto tanto garantizar la suficiencia de las pensiones, la equidad en el reparto de cargas y obligaciones y la responsabilidad pública en la gestión del sistema, como también su sostenibilidad, entendiendo que la financiación de sus prestaciones se ha de adecuar a la naturaleza de la protección.

Es en ese orden donde conviene destacar el valor del acuerdo en el Pacto de Toledo. Para que los y las pensionistas y trabajadores tengan confianza en el sistema deben tener garantías. Garantía de que el día de mañana ese «contrato social» va a mantener los derechos y obligaciones recogidos en el sistema, y que los participantes en el acuerdo se comprometen a mantener sus términos. Un acuerdo que, basado en contenidos pero también en su alto grado de apoyo, debe reflejar certezas y seguridad jurídica. El Pacto de Toledo no tiene función legislativa y sus acuerdos tienen forma de «recomendación», por lo que para su supervivencia resulta trascendente un apoyo amplio que refleje el consenso político. Esto es, que sus medidas no son coyunturales, y que ningún actor político ni gobierno se va a atrever a cambiarlo de no mediar igual acuerdo.

En este contexto, no se puede pasar por alto el falseado debate de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, del que la Constitución y varios Estatutos contemplan una gestión solidaria y equitativa, con igualdad prestacional, que destierra la gestión unitaria del sistema. Dice el artículo 149.1.17 CE que es competencia del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades. Subrayo esta última parte porque siempre se omite, como el hecho de que los estatutos de Catalunya, Galicia, Andalucía, Navarra, Valencia, Islas Baleares, Aragón, Extremadura y Canarias dicen lo mismo o cosa parecida al artículo 18.2 del Estatuto de Gernika, que atribuye a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

También se omite en este debate que hay una disposición transitoria quinta del Estatuto que advierte que se puede asumir esa competencia a través de convenios «dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad». Es decir, que además de prever el mecanismo de asunción de esa competencia, precisa los principios que debieran evitar entender que pueda haber una ruptura del sistema. Nada dicen ni el Estatuto ni la Constitución de la existencia de un principio de caja única. Y nada dicen de una gestión unitaria y centralizada. Entiendo, por ello, que salvo que se pretenda dar a las leyes una función meramente ornamental, ningún obstáculo existe para asumir dicha competencia, ni para integrarla en el marco del Pacto de Toledo. Defender lo contrario obedece a intereses partidistas o corporativistas instalados en la manipulación que alejan el debate del punto deserenidad y rigorque nos reclama la ciudadanía.

Cuando el 6 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó el texto conocido como Pacto de Toledo (PT), consiguió algo muy importante: que todos los partidos se comprometieran de manera pública y vinculante con el mantenimiento del «sistema de reparto y solidaridad intergeneracional» de la Seguridad Social (SS), rechazando sustituirlo «por otro basado en la capitalización y en la previsión individual» o de «limitar(lo) a la simple provisión de pensiones mínimas». Ese compromiso fue crucial en aquel momento, como también lo fue el acuerdo (no explícito) de situar las pensiones al margen de la confrontación política. Se contribuyó así a reducir la incertidumbre (que había empezado a extenderse en algunos círculos) sobre la transformación estructural del sistema, y a detener el juego político sucio (practicado, por ejemplo, en la campaña electoral de 1993).

Pero a pesar de que todos los partidos ensalzan desde entonces el Pacto de Toledo, su rendimiento ha resultado más bien modesto. En estos 25 años no ha sido capaz de reducir la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las pensiones (según los datos de encuesta disponibles), ni siquiera de difundir información veraz y útil a los ciudadanos, que, entre otras falsas ideas, albergan masivamente la de que los pensionistas, en general, reciben menos de lo que han cotizado.

Las reformas concertadas para responder a la exigencia (también contenida en el texto original del Pacto de Toledo) de «prepararse para hacer frente a un incremento de sus obligaciones con las próximas generaciones de pensionistas» han sido tímidas en comparación con las efectuadas en otros países europeos. Ciertamente, se ha avanzado en el retraso de la edad de jubilación y en el mejor ajuste entre las cotizaciones efectuadas y el importe de la pensión. Con todo, el Pacto de Toledo ha funcionado más como un punto de veto que como un catalizador de reformas. Quizá la prueba más elocuente de ello la haya ofrecido la XII legislatura (2016-2019): tras dos años largos de comparecencias, discusiones y negociaciones, en febrero de 2019 Podemos impidió que la comisión parlamentaria aprobara un texto de recomendaciones bastante generales y cautas.

Ahora, con Podemos en el Gobierno, el ministro de Seguridad Social se ha adelantado sagazmente a declarar que el borrador de aquel documento no aprobado hace un año «es un punto de partida excelente para desarrollar el modelo de pensiones del futuro». Tomándolo como trampolín más que como peana, Escrivá parece querer llegar lo más lejos posible en la reordenación de los gastos del sistema de la Seguridad Social para resolver la cuestión (a su entender, contable) del déficit actual del sistema e incentivar (incluso forzar) el retraso de la edad de jubilación.

Con la vista puesta en la evolución de las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco, apuesta también por ir «desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la negociación colectiva». Quizá estas palabras puedan interpretarse como un 'aviso a navegantes', como una invitación a mejorar la oferta de los planes individuales. En todo caso, antes de emprender los cambios fiscales insinuados, convendría acumular evidencia que respalde la expectativa de éxito de una estrategia semejante, sin olvidar que el tamaño de la empresa vasca es mayor que el de la española (según datos de Confebask), y que, en casi todos los factores de competitividad empresarial, Euskadi supera la media del conjunto de España (como muestra un informe reciente de Orkestra).

En los últimos tiempos se ha instalado en la opinión pública una suerte de desazón, incertidumbre y pesimismo a la hora de hablar del futuro de las pensiones. Las encuestas del CIS nos dicen que nunca los ciudadanos han estado tan preocupados por las pensiones como en estos últimos años. Las causas parecen claras: la interminable sucesión de noticias sobre el aumento del déficit de la Seguridad Social, el progresivo vaciamiento del fondo de reserva, y la proliferación de augurios catastrofistas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones en el medio y largo plazo.

Nuestra obligación como servidores públicos es atajar de manera radical esta incertidumbre. Primero, porque el catastrofismo que la alimenta es infundado. La idea de que nuestro sistema de pensiones está en quiebra o se encamina hacia ella no aguanta el mínimo contraste con la realidad. El problema contable que hoy tiene la Seguridad Social no tiene que ver con un supuesto desequilibrio estructural entre cotizaciones y pensiones, sino con la incorrecta asignación a nuestro sistema contributivo de políticas públicas que no deberían corresponder a él. Es necesario corregir esta situación para que la realidad económica incontestable –que nuestro sistema de pensiones es solvente– sea también evidente a ojos de la ciudadanía. Para ello será también fundamental que la Seguridad Social, que es quien tiene mejores datos para evaluar la solvencia y sostenibilidad del sistema, participe de manera más transparente y activa en estos debates de lo que lo ha hecho en el pasado.  

En segundo lugar, porque esta incertidumbre es profundamente injusta, pues afecta a personas que, por la fase del ciclo vital en el que se encuentran, no pueden ya protegerse ante una situación sobrevenida de inseguridad económica. No podemos tolerar que la angustia y el miedo se apoderen ni de los pensionistas actuales, ni de los que van a serlo dentro de poco.

Y tercero, porque necesitamos confianza y certidumbre para afrontar los retos asociados a la llegada a la edad de jubilación de nuestras generaciones más numerosas, los llamados 'baby boomers'. Estos retos demográficos son reales, pero son manejables si usamos las herramientas adecuadas. Por ejemplo, debemos pensar mejor en cómo a través de incentivos positivos, insuficientemente conocidos y desarrollados en nuestro país, podemos ir progresivamente acercando la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Será más fácil desplegar estas medidas si la ciudadanía no alberga dudas acerca de cómo serán las pensiones en el futuro y sobre la solvencia del sistema en su conjunto.

Acabar con la incertidumbre es posible. En los noventa lo logramos con el primer Pacto de Toledo. Ahora, tras dialogar con los interlocutores sociales y las fuerzas parlamentarias, hemos podido constatar que existe un consenso sólido y razonable sobre los pilares básicos que han de definir nuestro modelo. Es a partir de ese consenso sobre el cual habrá que construir un marco legal que garantice de manera estable el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y dé certidumbre a la ciudadanía sobre la sostenibilidad futura del sistema. No escatimaremos esfuerzos para lograrlo.