La Eurocámara apremia a España a modificar la ley sobre pensión de viudedad de las parejas de hecho

La norma en cuestión condiciona el pago de la pensión a la «dependencia económica»; un céntimo de euro más lo impide. Y esa anomalía legal, aprobada cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, está en vigor desde 2007. No impone además el mismo requisito a los matrimonios tradicionales y tiene carácter definitivo. Esto es, bloquea una nueva solicitud de la pensión aunque las circunstancias personales o laborales de la pareja cambien. En el caso de Oñate, se encuentra en paro.

Así que no es de extrañar que la Eurocámara saque los colores a España. La Comisión de Peticiones, que preside la exministra popular Dolors Montserrat, se comprometió este martes a requerir al nuevo Gobierno a que eliminar el controvertido artículo, emplaza al Congreso de los Diputados a atender directamente la reclamación de Oñate, y requerirá a la Comisión de Empleo del propio Parlamento Europeo a analizar el caso desde el punto de vista de la «defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación».

En suma, mantiene abierto el caso, lo que significa que su evolución será seguida de cerca por el legislativo comunitario. Pero no por la Comisión Europea, el ejecutivo de Bruselas, porque se considera «no competente» puesto que son los Estados los que fijan su propia legislación en la materia. Así que el movimiento ha de darse Madrid. «No estoy de acuerdo con la postura de la Comisión -criticó Oñate durante su intervención ante los eurodiputados- porque hay que proteger a los menores sea cual sea el estado civil de sus padres, pero además es que leyes como ésta inciden en la feminización de la pobreza».

La que fuera también directora del Instituto Andaluz de la Mujer volvió a denunciar que la norma «está mal hecha, por error o a sabiendas, pero está claro que convierte a nuestros hijos, en menores huérfanos de segunda categoría». Y coincidieron con sus denuncias todos los eurodiputados que tomaron la palabra. Las socialistas Cristina Martín de Almagro y Clara García Aguilera plantearon que el futuro ejecutivo de Pedro Sánchez contempla como «tarea prioritaria» tumbar la ley. Y Jordi Cañas (Ciudadanos) y Rosa Estarás Ferragut (Partido Popular Europeo), tras recordar que la 'paternidad' del articulo es socialista, respaldaron no solo la invalidación del 221 sino también que se compense a los perjudicados con efecto retroactivo. Toca esperar.