Escrivá se abre a poder elegir durante unos años el método de cálculo de la pensión

Con este nuevo viraje en la negociación busca atraer el apoyo de Unidas Podemos y los sindicatos a la nueva norma que debía estar lista a finales del año pasado y que se ha ido retrasando ante este desacuerdo generalizado, así como obtener el visto bueno de Bruselas, que es quien exige poner en marcha esta medida para contener el gasto del sistema y de quien depende un nuevo desembolso de los fondos de 10.000 millones.

Encima de la mesa de negociación se mantiene la última propuesta de Escrivá realizada a los agentes sociales a finales de noviembre pasado: ampliar el periodo de cálculo de los actuales 25 años a 30 con el descarte de las 24 peores mensualidades. Su objetivo era comenzar aplicarlo de forma muy gradual año a año desde 2027 para tenerlo plenamente implantado en 2038. «Estamos empeñados en seguir adelante porque además es bueno para todos», aseguraron a este periódico fuentes del ministerio.

Pero ahora el ministro suaviza su postura jugando con que durante un periodo de tiempo determinado se pueda elegir entre esta nueva fórmula o la vieja, a semejanza de lo que ocurrió en la reforma de 2011 para determinados colectivos –que incluso les permitían acelerar la ampliación- o lo que se pactó en la última con la prejubilación para los pensionistas de bases máximas, que se acordó que en ningún caso saldrían perjudicados con los nuevos coeficientes reductores. E incluso que esta elección la realice también de oficio la Seguridad Social escogiendo la que más beneficie al nuevo pensionista.

En cualquier caso, desde el ministerio reconocen que con esta nueva fórmula habrá «ganadores y perdedores», aunque aseguran que la idea es que el impacto económico sea neutro: lo que se incremente en gasto para unos se compense con el recorte de otros.

Desde el ministerio se muestran «optimistas» porque «las cosas marchan bien y no hay estridencias ni ruido», por lo que ven «muy cerca» lograr un acuerdo, tal y como señaló Escrivá desde Bruselas en la segunda reunión que ha mantenido en el último mes para hablar del tema. Sin embargo, ahora, después de los repetidos retrasos, prefiere no dar fechas y apunta a que llegará «antes de Semana Santa».

Lo que no cuentan ya desde el Gobierno es con obtener el apoyo de los empresarios, puesto que la otra medida que pretenden poner en marcha es una subida progresiva de las cotizaciones máximas del 30% hasta 2050, que se sumaría al alza del IPC, además de un recargo adicional para los trabajadores con las rentas más altas, para esa franja a partir de la cual no se pagan impuestos a la Seguridad Social.