Las patronales logran que la Fiscalía recurra el fallo del TSJ vasco contra una empresa

Para entender el caso hay que retrotraerse a finales de marzo, cuando se tomaron medidas drásticas como paralizar toda la actividad no esencial a través del permiso retribuido. Esta disposición se reguló en un improvisado real decreto que causó gran controversia -el Gobierno vasco advirtió del impacto en la industria-, lo que dio pie a matizaciones. El 31 de marzo el Ministerio de Industria sacó una nota interpretativa en la que incluía entre las excepciones «las actividades de importación y exportación».

Tras esta aclaración, la empresa Transmisiones La Magdalena reanudó su actividad el 2 de abril e hizo volver al trabajo a su plantilla de 56 personas. Argumentó que un 90% de su cartera de pedidos es exportación y de hecho, entre ese día y el 9 de abril, cuando finalizó el permiso retribuido, facturó 229.715 euros, el 89% en el exterior.

El sindicato LAB, mayoritario en el comité, demandó y perdió en Primera Instancia. Pero recurrió al TSJ y consiguió que los magistrados revoquen ese primer fallo. El tribunal que dictó la sentencia -compuesto por la presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, José Luis Asenjo (ponente) y José Félix Lajo- argumentó que el Ministerio de Industria no tenía competencias para establecer esa excepción, ya que era una materia de Sanidad. De esa forma, consideró que su interpretación no era aplicable y, por tanto, condenó a la empresa.

Su abogado, que denunció el «daño irreparable causado a la imagen de la compañía, con más de 60 años de historia», ha logrado movilizar a las patronales. Los equipos jurídicos de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) y también de Cebek han estado trabajando la forma de recurrir hasta dar con una solución inédita. «Es una opción muy poco explorada, pero se trataba de ayudar a una empresa que ha obrado de buena fe y solo ha cumplido lo que indicaba el ministerio», señala Adolfo Rey, director gerente de FVEM. Lo que se ha hecho es pedir a la Fiscalía del Supremo que presente un recurso de casación para la unificacióin de doctrina en defensa de la legalidad, que no requiere de sentencias contradictorias.

«Es que nosotros desde Cebek estuvimos mandando a las empresas la interpretación del ministerio y el Gobierno vasco para que supieran cómo actuar», señala el responsable del área jurídico laboral de la patronal, Mikel Anderez, que hace poco expresó también su «disconformidad» con otra sentencia de ese mismo tribunal sobre la prohibición de despedir. En dicho fallo se anuló el cese de un trabajador de una pyme dedicada a la aeronáutica al considerar que se había hecho en fraude de ley. «Se concluyó que las causas estaban ligadas al Covid pese a que la empresa había tenido pérdidas los dos años anteriores», señala.