Más de 56.000 vascos se beneficiarían de la subida del salario mínimo

La CEOE consumó su advertencia y no acudió a la mesa del diálogo social convocada por el Ministerio del Trabajo: mantiene así su propósito de no reunirse con el departamento liderado por Yolanda Díaz hasta que no rectifique y elimine la enmienda pactada con Bildu y que recupera el control previo de la Inspección de Trabajo sobre las causas de los ERE, lo que en la práctica resta poder a las empresas a la hora de realizar despidos colectivos.

Sin embargo, la patronal, el mismo día en que celebraba la primera Junta Directiva tras la renovación de Antonio Garamendi como presidente, lanzó un órdago al Gobierno al enviarle por escrito una propuesta propia de subida. Así, los empresarios, cuyo discurso hasta ahora era que no aceptarían un nuevo encarecimiento de los costes laborales, se abre a aceptar un incremento del salario mínimo del 4% para 2023 que lo sitúe en los 1.040 euros mensuales, repartidos en 14 pagas.

Este nivel está solo un poco por debajo de la opción más baja de subida que recomiendan los expertos en el informe que se hizo público el pasado lunes. Concretamente, el comité propone elevarlo el año que viene entre un 4,6% y un 8,2% para aumentarlo hasta una horquilla entre los 1.046 y los 1.082 euros brutos, que consideran sería la cuantía con la que se cumpliría el compromiso del Gobierno de situarlo al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social europea.

La CEOE, sin embargo, impone al Ejecutivo dos condiciones para aceptar esta subida -mucho más moderada que la que exigen los sindicatos- de 40 euros al mes: rebajar un 20% las cotizaciones sociales en el sector agrario, que es el que más afectado por el salario mínimo, y modificar la ley de revisión de precios en los procesos de contratación pública para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución e indexarlos a este nuevo alza.

Los empresarios explican que se trata de una posición «acorde con la moderación salarial que se necesita para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo» porque, advierten, la economía española no ha recuperado su nivel prepandemia y la productividad está a su vez un 4,9% por debajo.

Los sindicatos, por su parte, sí acudieron a la cita con Trabajo y aprovecharon la ausencia de la patronal para reclamar una vez más elevar el SMI hasta los 1.100 euros al mes para mitigar el impacto de la inflación en este colectivo formado por unos dos millones de trabajadores. La diferencia que separa una posición de otra son, por tanto, 60 euros al mes. Aunque, en realidad, CC OO sí estaría dispuesta a aceptar la subida más elevada que plantean los 'sabios', ya que propusieron al Gobierno elevarlo entre los 1.082 euros y los 1.100 euros; UGT, sin embargo, se mantuvo inamovible en los 1.100.

El Gobierno, por el momento, no ha puesto sus cartas encima de la mesa. Ya lo había avanzado Díaz, que esta primera reunión era solo de escucha, aunque su departamento ha quedado en enviar una propuesta para volverse a sentar la semana que viene. Eso sí, la vicepresidenta segunda instó ayer a Garamendi a acudir a la próxima reunión después de afearles negociar «a través de cartas» y «en diferido». Díaz buscará, una vez más, alcanzar un acuerdo tripartito aunque eso suponga un alza más moderado. «Saben que siempre busco un acuerdo y aquí me van a encontrar», remarcó.