Euskadi reduce los trámites para agilizar dos años la construcción de parques eólicos

Arantxa Tapia descarta que pueda haber restricciones en el suministro de gas en los próximos meses

Manu Alvarez

Bilbao

Martes, 26 de julio 2022

Para reducir la dependencia del gas natural hay que incrementar la generación eléctrica renovable, un capítulo en el que Euskadi lleva un notable retraso. En esta coyuntura, el Gobierno vasco decidió ayer reducir los trámites necesarios para construir nuevos parques tanto eólicos como fotovoltaicos «agilizando» ... el procedimiento, que es precisamente lo que causa mayores problemas y retrasos en este tipo de iniciativas. A partir de ahora y hasta finales de 2024, los proyectos de generación que cumplan determinadas condiciones -no estar dentro de la red Natura 2000 y contar con una potencia inferior a 75 megavatios en eólica y 150 en fotovoltaica- tendrán una tramitación diferenciada sobre su impacto ambiental, aunque la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, aseguró que ello no va a suponer una reducción de las exigencias para esas instalaciones.

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Algunas estimaciones señalan que esta decisión puede acortar en torno a dos años el periodo de tramitación de un parque eólico, aunque la medida también puede incrementar las presiones de los grupos ecologistas que consideran prioritaria la conservación medioambiental. «Estamos en alerta energética y tenemos que actuar», dijo Tapia al finalizar el Consejo de Gobierno, al tiempo que descartó que pueda haber cortes en el suministro de gas en los próximos meses.

En la actualidad Euskadi cuenta con parques de generación eólica con un capacidad de 153 megavatios que, aunque con oscilaciones en función del viento, permiten producir aproximadamente el 9% de la electricidad que se consume en la comunidad autónoma a lo largo de un año. Una tasa muy baja que el Gobierno vasco quiere acelerar para situarla en torno al 25% en 2030. La decisión, argumentó ayer el Ejecutivo, «pretende agilizar la instalación de proyectos de energía renovable a través de la exclusión de determinados proyectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi».

La legislación que ahora se modifica, aunque con carácter transitorio, fue aprobada a finales del pasado año en el Parlamento de Vitoria y ya estuvo envuelta en una intensa polémica política en su tramitación. Una enmienda de última hora permitió introducir un texto que en la práctica modifica la Ley de Ordenación Urbana para concentrar en manos del Gobierno las competencias de autorizaciones de cualquier proyecto que temga alguna incidencia medioambiental, en detrimento de los ayuntamientos. El Ejecutivo también ha aprobado recientemente un proyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático que incide en la misma estrategia.

Proyectos

En Euskadi no se instala un nuevo parque de generación eólica desde 2006 como consecuencia de una importante presión social en contra de los emplazamientos que se habían identificado como óptimos por el número de horas de viento que tienen al año. Una oposición que se suma a la decisión de no explotar los recursos de gas que puede haber en el subsuelo -algo que ya tiene rango de ley- y que ha congelado en los últimos años la capacidad del País Vasco para incrementar la producción de electricidad que, a su vez, demanda la sociedad.

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En la actualidad hay un total de 14 iniciativas para instalar parques eólicos en la comunidad -la mayoría, en Álava, y uno marino frente a la costa vizcaína-, que suponen una capacidad de generación de algo más de 400 megavatios.

En torno a la situación de inseguridad energética, Tapia señaló que «si bien es cierto que en Euskadi no prevemos limitaciones de suministro de gas cara al próximo otoño-invierno, tenemos que reconocer que esta realidad nos va a impactar, como poco, en el incremento del coste de este recurso en particular, así como en el incremento del precio de la energía en general».

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Por otra parte, el Gobierno vasco anunció la puesta en marcha un plan dotado con 61 millones de euros para impulsar medidas de ahorro energético en la industria. El máximo de ayuda por empresa será de dos millones de euros.

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