El Parlamento pide a patronal y sindicatos que acuerden un sueldo mínimo superior al SMI en Euskadi

Durante una semana los partidos han buscado un entendimiento que partía de la reivindicación de EH Bildu de establecer un SMI propio en Euskadi; en concreto, de 1.400 euros al mes frente a los 1.080 actuales en toda España. Sin embargo, la competencia corresponde al Gobierno central, una premisa clara de la que partía el PSE-EE, que ha encabezado las negociaciones por parte de los partidos del Ejecutivo autonómico al ser Idoia Mendia la titular de Trabajo y Empleo. «Bildu ha tenido que asumir ese marco», se congratulan fuentes socialistas.

El acuerdo logrado, por tanto, se aleja de cualquier compromiso vinculante y se queda en una declaración de intenciones como proposición no de ley. De hecho, Gobierno vasco y EH Bildu ya acordaron en su pacto presupuestario para 2022 «defender y fomentar un SMI en convenios colectivos» que sea proporcional a la renta media de Euskadi, un compromiso que no ha contado con demasiados avances. Pero ahora este nuevo pacto, que cuenta con el aval de más del 90% del arco parlamentario, añade la referencia concreta a sindicatos y patronal en el marco del acuerdo interprofesional.

La patronal, «principal obstáculo»

Los cuatro firmantes de la enmienda transaccional aprobada –sólo PP+Cs y Vox se han opuesto– se han felicitado por el acuerdo, aunque el promotor de la iniciativa, EH Bildu, sigue defendiendo la necesidad de que Euskadi cuente «con plenas competencias» para fijar un SMI apropiado a la realidad vasca. El parlamentario Arkaitz Rodríguez se ha referido a la Carta Social Europea, que señala que el salario mínimo debería ser el 60% del sueldo medio en su ámbito territorial, para volver a reivindicar los 1.400 euros mensuales.

El PNV coincide en la idoneidad de contar con mayor margen competencial en materia laboral, pero el parlamentario Jon Aiartza ha reprochado a la coalición soberanista que plantee soluciones «simples para problemas mucho más complicados». Ekain Rico (PSE-EE) ha destacado el acuerdo transversal sin que los partidos renuncien a sus «diferencias», mientras que Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha situado a la patronal como «principal obstáculo» para lograr un SMI «acorde» a la realidad vasca. En cambio, Laura Garrido (PP+Cs) ha denunciado el intento de «criminalizar» a los empresarios.