Sergio Llamas
Jueves, 10 de octubre 2024, 15:17
El ERE de MasOrange que amenaza a los trabajadores de Euskaltel ha unido este jueves a los parlamentarios vascos, aunque también ha dejado un cruce de acusaciones por la trayectoria de la empresa vasca: desde sus inicios en 1995 con fondos públicos, el paso a ... los accionistas privados, la adquisición por el fondo británico Zegona y finalmente su compra a manos de MásMóvil en 2021, que ha derivado en la amenaza de los despidos tras su fusión con Orange. En lo que Sumar, EH Bildu, PNV, PSE y finalmente el PP -no enmendante, pero que también ha apoyado la iniciativa- han coincidido es en mostrar un apoyo completo a los 276 empleados de la empresa, que en sus mejores momentos llegó a superar los 600.
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La enmienda transaccional ante el Expediente de Regulación de Empleo anunciado por MasOrange, que amenaza a 695 trabajadores de todo el grupo -inicialmente había comenzado fijando los despidos en 795-, incluidos los de la marca vasca, insta al grupo a que el ERE se ciña a los procesos estrictamente voluntarios y a negociarlos y acordarlos con los sindicatos. También pide un refuerzo del proyecto de futuro en Euskadi, atrayendo más actividad de alto valor añadido y generando empleo de calidad. El legislativo pide además al Gobierno vasco que, en el marco de sus competencias, facilite un proceso de diálogo y garantice un futuro para la empresa, además de desarrollar instrumentos que permitan fomentar el arraigo de proyectos empresariales.
El texto acordado parte de una propuesta inicial del Grupo Mixto-Sumar, presentada por Jon Hernández Hidalgo, en la que ya recordaba el compromiso de MásMovil por mantener la plantilla y la marca de la empresa al menos hasta 2026. Hernández ha recordado que el 15 de octubre comenzará una huelga de media jornada convocada por CC OO, UGT, USO, ELA y CGT, que se desarrollará de 13.00 a 17.00 horas. «Hemos llegado a un acuerdo de mínimos porque nos debemos a los trabajadores», ha defendido Hernández, aunque ha aprovechado su intervención para condenar las «políticas neoliberales» de la cámara vasca, que habrían llevado a la «situación actual» de la empresa.
El discurso se ha asemejado al expresado desde Bildu por su parlamentario Gorka Ortiz de Guinea, quien ha subrayado que este dogma aplicado en Euskaltel «ha sido un fracaso absoluto» en el que no se han producido «garantías de nada». Además ha defendido que en Europa ya es una normalidad mantener un control público de las empresas en áreas estratégicas, como podrían ser las telecomunicaciones.
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El portavoz de PSE, Ekain Rico, ha tratado de poner en contexto la historia de Euskaltel recordando la crisis del 2008 y advirtiendo que las directivas europeas decían que los gobiernos debían deshacerse de las empresas públicas (inicialmente el 40% de los fondos de Euskaltel procedían del Gobierno Vasco y el 60% restante de las cajas de ahorro). «Si hacemos un recorrido por la historia hay que hacerlo completo», ha defendido contra el «adanismo» de quienes no gobernaban entonces.
Desde el PNV, Markel Olano Arrase ha manifestado que este es un problema que afecta a toda España, aunque la cámara vasca debe centrarse en la situación de Euskaltel, y ha remarcado que ésta no es una empresa pública, «por lo que no se puede privatizar». «Euskaltel se puso en marcha porque este país tenía unas necesidades. Se le dieron unas capacidades que el país sigue teniendo y que se van a seguir desarrollando», ha afirmado.
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Por último, el parlamentario del PP, Álvaro Gochi, ha manifestado su apoyo a la iniciativa como grupo no enmendante, aunque también ha recordado que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, es la ministra de Trabajo. «¿Por qué no acude a pedirle a ella la ayuda que está pidiendo esta cámara?», ha lanzado al grupo.
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