La pandemia y el IPC elevan un 46% la deuda aplazada con las Haciendas vascas desde 2019

Según la última memoria anual que publican cada una de las haciendas forales, en 2022 el importe de la deuda tributaria sobre la que los contribuyentes han pedido un aplazamiento de pago se elevó hasta los 1.283 millones de euros. Supone un salto del 46% respecto a 2019 y afecta a 102.901 empresas y personas, 8.000 más que hace cuatro años.

La mayoría de esos deudores con las haciendas vascas son empresas y autónomos, ya que el 59% del importe a pagar (757 millones) corresponde al IVA. El siguiente capítulo es el de las retenciones en el IRPF que los empresarios han de abonar a Hacienda en el pago de las nóminas de sus empleados. Un total de 167 millones.

Estas dos líneas son uno de los mejores termómetros para comprobar el estado de liquidez y del flujo de caja de muchos negocios. Y es que obligan a pagos trimestrales que en el caso de las pequeñas actividades están encontrando más problemas. Son empresas que han visto dañada su rentabilidad por la subida de costes como la energía, que llegó a triplicarse en 2022, o la tendencia del IPC. Un aumento de gastos que no están pudiendo trasladar a los precios que ofrecen a sus clientes.

En la evolución de las solicitudes de plazos para cumplir con Hacienda se notan también las ventanas que habilitaron las diputaciones en 2022. Con una subida de precios que alcanzó el 10% aquel verano empujada por los costes energéticos, los gobiernos forales pactaron aplazamientos sin intereses para los sectores más expuestos, como compañías electrointensivas o muy dependientes del combustible, como agricultores, ganaderos y transportistas.

El salto de las cifras no se explica con el movimiento de una gran compañía a la hora de tributar el IVA o por una gran operación de exportación. Y es que más del 90% de esas deudas aplazadas con las haciendas corresponde a cantidades muy pequeñas, menos de 50.000 euros. Son, en muchos casos, el resultado de una acumulación de pequeños problemas que van ahogando la liquidez de las empresas.

La tipología de estas actividades se compone en su mayoría de pymes de la metalurgia y de sectores con mucha dependencia de los costes energéticos y materias primas. Se añade también el hecho de que son proveedores de otros fabricantes mayores y que reducen la capacidad de negociación del precio.

También se encuentran actividades del sector primario y hostelería con problemas de liquidez o financiación. Y es que, precisamente, esta cuestión es la otra clave que marcará el ejercicio actual. La subida de tipos de interés encarece muchos de los créditos que las empresas han de devolver con unos tipos de interés que el pasado julio el BCE elevó al 4,5%. Además, en este año coincide el final de la carencia de muchos de los préstamos covid que se dieron con el respaldo del ICO y de Elkargi. En total, cerca de 40.000 empresas vascas acudieron a esta vía sumando un total de 5.684 millones de euros.

Los problemas en las pólizas que avaló el Instituto de Crédito Oficial alcanzan ya al 2,3%, lo que afecta a 116 millones. Mientras que en el caso del Elkargi, la mora es de un 2%, luego genera problemas sobre un total de 12,5 millones. Los gastos financieros son precisamente una de las causas que señaló hace un par de semanas el Consejo General del Poder Judicial para explicar el aumento de concursos empresariales el pasado año. En Euskadi las compañías que recurrieron a esta vía fueron 884, un 30% más. Las cifras son bajas, pero alertan de un incremento en el espacio más débil del tejido empresarial.