El País Vasco pierde más de 11.300 millones por el peso de la economía sumergida

Así se desprende de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que subraya que este dinero no declarado y por el que no se pagan impuestos «incide negativamente sobre la recaudación tributaria y genera competencia desleal entre empresas». El estudio 'La competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo económico' se realizó con datos referenciados al ejercicio 2020.

Los factores que explican este porcentaje de economía sumergida en el País Vasco se encuentran en una reducida presión fiscal normativa y en un mayor nivel de desarrollo económico en términos de PIB per cápita.

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, atribuye este volumen de economía sumergida en Euskadi al «elevado nivel de desarrollo» de la comunidad, «con empresas muy competitivas y especialización en actividades secundarias de alta productividad, junto con el hecho de que la presión fiscal foral sea en general menos asfixiante que la tributación del régimen común». A su vez, sostiene, «el mayor tamaño de las empresas, la menor presencia relativa de actividades directamente vinculadas con los hogares así como a consumidores finales, y en última instancia el mayor nivel de ocupación formal, son factores que también refuerzan el nivel de cumplimiento fiscal».

Una parte de la economía sumergida puede estar relacionada con la estructura productiva de las diferentes regiones, ya que hay sectores en donde tiende a ser más frecuente, tales como la agricultura, la actividad textil o el turismo, entre otros. Así, el informe sitúa a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias como las autonomías con una mayor presencia de estos sectores críticos.

Pero también hay que destacar otro tipo de factores que influyen de forma relevante. Entre ellos cabe señalar la fiscalidad (una fiscalidad más favorable desincentiva la presencia de economía sumergida), unos menores niveles de tasa de paro y un nivel de renta más elevado, así como una mayor competitividad y un mayor dinamismo en el crecimiento económico, apunta el informe del IEE.

Con los resultados de 2020, y asignando a la UE un valor de 100 y a España uno de 110, como se desprende de la presión fiscal normativa elaborada para los países de la OCDE a partir de la información de la Tax Foundation, se obtiene que los territorios que soportan una menor presión fiscal normativa son la Comunidad de Madrid (87,6) y las tres provincias del País Vasco (Bizkaia un 88,9; Álava un 89,8 y Gipuzkoa un 92,8), que se encuentran por debajo de la media de la UE.

En un contexto como el actual, destaca el informe del IEE, «donde la deuda y el déficit públicos han aumentado muy sensiblemente, influidos por las medidas adoptadas para contener la pandemia sanitaria derivada del covid, reducir el peso de la economía sumergida debiera ser algo prioritario».

Izquierdo apunta que «la lucha contra la economía sumergida debe ser un objetivo de política económica en cuanto la misma es un factor de competencia desleal, que además genera sobrecargas de costes fiscales y sociales a la gran mayoría del tejido productivo».

17de cada cien euros no se declaran, seis puntos por debajo de la media española.

110es la presión fiscal en España, por 92,9 en Gipuzkoa, 89,8 en Álava y 88,9 en Bizkaia.