El pacto de Almaraz confirma el fin de la energía nuclear en España en 2035

Por ahora, las tres firmas que integran la propiedad de Almaraz (Iberdrola tiene un 53%, Endesa un 36% y Naturgy un 11%) alcanzaron en la madrugada del jueves al viernes un acuerdo sobre el futuro de la planta para pedir al Gobierno una ampliación de su vida útil. El pacto fue refrendado por la asamblea de la sociedad pocas horas después.

Finalmente la central de Almaraz seguirá operando durante casi una década más, si así lo autoriza el Ejecutivo. El primero de sus reactores permanecerá activo hasta el 1 de noviembre de 2027 y el segundo hasta el 31 de octubre de 2028, tal y como establecía el calendario programado dentro del protocolo firmado hace pocas semanas por las tres propietarias junto a Enresa, la compañía pública que gestiona los residuos nucleares. Se trata de una petición de extensión de la vida útil de 7,4 y 8,2 años, respectivamente, a partir del momento en el que vence su licencia actual, en 2020 y 2021 en cada uno de los reactores.

Las tres compañías han confirmado además el plan de negocio pactado hace dos semanas, en el que se establecía que tendrían que realizar unas inversiones de unos 400 millones de euros en los próximos años en labores de mantenimiento y gestión de residuos, entre otros muchos aspectos característicos de esta actividad nuclear. Si cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pronuncie sobre esas labores a realizar, la cifra que pone sobre la mesa no supera en un 50% esos 400 millones de euros, las eléctricas no se plantearán los plazos de cierre prorrogado. Y si por el contrario lo que exija el CSN supera aproximadamente los 600 millones de inversiones, Iberdrola, Endesa y Naturgy se replantearían ese calendario de cierre hasta 2028. En cualquier caso, fuentes cercanas a la negociación sostienen que, dadas las últimas inversiones realizadas en la central en materia de seguridad y de mantenimiento, casi sería imposible que las exigencias del CSN superaran esas cotas que se han acordado en este pacto.

Con esta decisión, el Gobierno autorizará previsiblemente la prórroga de la vida de la central. Y con ello, toda su zona de influencia –fundamentalmente el norte de la provincia de Cáceres, así como toda Extremadura– se garantizan actividad económica y laboral ligada a la nuclear durante los próximos 25 años: la década que seguirá en vigor Almaraz y otros quince años en labores de desmantelamiento, apuntan desde Iberdrola.

Con el futuro de Almaraz encarrilado, las compañías discuten ya el plan de prórroga de las otras centrales en las que comparten accionariado: Vandellós II y Ascó II, en los años 2030 y 2031, respectivamente, aunque pueden solicitar una nueva prórroga. En el primer caso, la renovación debe ser solicitada antes del 31 de marzo, como ocurría con Almaraz; mientras que en el de Ascó II tienen de plazo hasta el año que viene. En cuanto a Ascó I, es propiedad única de Endesa. Más tarde le llegaría el turno a Cofrentes (Valencia), de la que Iberdrola es dueña en exclusiva. Y finalmente a Trillo, compartida por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.

Las inversiones previstas para que Vandellós II, participada en un 72% por Endesa y en un 28% por Iberdrola, siga operando hasta 2030 ascienden a 248 millones de euros. Para Ascó II(85% de Endesa, 15% de Iberdrola), esa inversión sería de 356 millones. Al igual que sucede con Almaraz, si las condiciones que impone el CSN para prorrogar el permiso en las dos instalaciones catalanas superan las cantidades previstas, los socios se volverían a reunir para decidir si mantienen o no la solicitud de licencia.