La oposición pide al Gobierno vasco que deje de contratar con las empresas del cartel de las consultoras

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, rechazó ambas propuestas argumentando que la resolución de la CNMC -por la que se multa con 6,3 millones de euros a 22 consultoras y a una decena de directivos- es un procedimiento que sólo es firme a nivel administrativo, sin que aún se haya pronunciamiento judicial, ni tampoco de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco volvió a tratar el asunto de las consultoras a petición del parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona , estrategia que el consejero de Economía y Hacienda Pedro Azpiazu, lo situó en una estrategia política de querer desacreditar al Ejecutivo, cuando la CNMC en ningún caso ha criticado ni cuestionado sus actuaciones.

El consejero afirmó que «por mucha preocupación» que pueda causar la resolución de la CNMC, que «respecto», también respeta el momento procesal «que solo es firme en vía administrativa sin que se sepa cómo puede acabar en el terreno judicial« y apeló a la presunción de inocencia de las empresas. Azpiazu pidió «cautela» antes de solicitar que se bloqueen las contrataciones antes de que haya sentencias firmes, «no creemos en esas empresas unos problemas graves que luego pueden tener grandes consecuencias«.

Asimismo especificó que para reforzar o modificar los sistemas de contratación y licitación públicas -que recordó que la CNMC no cuestionó en ningún momento al Gobierno vasco y que «las licitaciones están bien hechas» y lo sancionado fueron «las prácticas irregulares de algunos licitadores»- es una competencia del Estado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto, afeó al Ejecutivo que a pesar de tener constancia, primero durante las investigaciones y también después de las sanciones, de seguir contratando con esas consultoras. Algunos de los contratos se habrían cerrado incluso este mismo mes de junio, un mes después de la resolución de la CNMV. «Los más cauteloso sería no seguir contratando con estas empresas, sobre todo en los contratos menores», insistió Gordillo.

Azpiazu no ha negado que se hayan producido contrataciones posteriores a la resolución de la CNMC, al contrario, señaló que «claro» porque «evidentemente no están incursas desde luego en ninguna prohibición» y las empresas «tienen derecho a presentarse a los concursos públicos» sobre la administración no hay ninguna prohibición ni vetos. Y si «en el futuro se diera alguna inhabilitación evidentemente el Gobierno actuaría en coherencia y no contrataría con estas empresas»

EH Bildu ha recriminado que no ve voluntad por parte del Gobierno vasco de que «vaya a iniciar procedimiento alguno para recuperar ese perjuicio», a lo que el el parlamentario de PP+Cs, Luis Gordillo, le conminó a empezar algún tipo de actuación desde ya «para evitar que prescriban los plazos de responsabilidad».

La respuesta de Azpiazu fue que «el Gobierno vasco estará atento al devenir de los acontecimientos» frente a un expediente que «aún tiene bastante recorrido judicial» y especificó que «si en algún momento se siente perjudicado, adoptará las medidas que deba adoptar para buscar el equilibrio económico presuntamente quebrantado, si ese fuese el caso, que hoy por hoy no se ha demostrado».