La oposición critica «la falta de concreción» en la futura ley vasca de transición energética

La iniciativa, la primera ley vasca que aborda el cambio climático en Euskadi, tiene como principal objetivo lograr ser neutra en carbono para el año 2050, impulsar la energía renovable y cumplir con los acuerdos europeos que fijan una aumento de la temperatura global de 1,5º respecto a la época preindustrial. «No teníamos obligación como Gobierno vasco de poner en marcha este proyecto de ley, pero sí tenemos competencia», ha defendido Tapia, quien ha recordado que el 84% de las emisiones totales del País Vasco se deben al sector energético, el transporte y la industria.

Además, la ley se llevará adelante «sin dejar a nadie atrás», ha remarcado la consejera, quien ha apuntado que los territorios históricos y los municipios de más de 5.000 habitantes deberán elaborar planes de clima y energía, individuales o comarcales. Tendrán que hacerlo en un plazo máximo de dos años desde la aprobación de la ley. También se creará una oficina de transición energética y cambio climático que actuará como «órgano técnico y colegiado» para vigilar estos objetivos.

Tras la presentación, el representante de EH Bildu ha criticado la falta de medidas más allá de un marco de gobernanza, y ha denunciado la falta de un comité científico. «Ya lo dijo Greta Thunberg: esto es bla, bla, bla. No establece ni dispone nada», ha denunciado Otero, quien ha señalado que frente al «espíritu pionero» defendido por Tapia, hay varias instituciones autonómicas como Navarra que ya se han adelantado a estas medidas y ha criticado la tardanza hasta su puesta en marcha. «Con suerte para 2027 podríamos tener los primeros presupuestos climáticos», ha ejemplificado.

El representante de Elkarrekin Podemos, David Soto, también ha lamentado la tardanza en la tramitación de la medida, presentada originalmente hace cuatro años, y que contempla entre 18 y 24 meses de plazo para la aprobación de sus instrumentos, una vez salga adelante. «No se establecen plazos y objetivos concretos», ha acusado. Por su parte, la representante popular ha planteado sus dudas sobre los informes científicos que determinen «cuál es el punto de no retorno», y la portavoz del Grupo Mixto Vox, Amaia Martínez, ha cuestionado los costes que supondrá la aplicación de la ley. «Hay un exceso de normativa», ha defendido, lo que produce «mucho papel y poca eficacia».

PNV y PSE, en cambio, han manifestado su entusiasmo con la normativa. En el caso de los socialistas, el parlamentario Alberto Alonso han señalado que se trata de «una ley fundamental» tras la aprobada en la materia en 2021, a nivel nacional. «Pondremos todo el esfuerzo necesario para lograr que llegue al mejor puerto posible y con la mayor brevedad», ha defendido Alonso, quien también ha incidido en la necesidad de «dejar claras las consecuencias de no cumplir» las medidas establecidas para que no se queden den una declaración de intenciones. «No podemos aprobar una ley basada en el buenismo», ha recordado.

Tapia ha reconocido a los parlamentarios que les «hubiera gustado llegar antes, pero los mecanismos son los que son», y ha confiado en poder contar con el apoyo de los diferentes grupos para aprobar la ley mediante el «compromiso de todos».