Los nuevos inspectores de la cadena alimentaria en Euskadi han realizado veinte controles

El anuncio lo realizó el departamento de Desarrollo Económico, que dirige Arantxa Tapia, en febrero de 2023 y, aunque el equipo no arrancó hasta primavera, el año pasado realizó 19 inspecciones, según fuentes de ese área del Gobierno. «Las investigaciones se han realizado en diferentes sectores, de forma aleatoria», explican. No pueden desvelar datos de los expedientes por la ley de protección de datos, pero explican que una de las principales irregularidades que se han encontrado es que «en muchas ocasiones no hay contratos formalizados» pese a que la normativa así lo exige. De hecho, desde junio es obligatorio incorporarlos a un registro centralizado.

El control de estos contratos busca asegurar que cada operador paga al anterior lo suficiente para cubrir los costes. El objetivo final es garantizar una renta suficiente al productor del sector primario, que ve cómo le llega una pequeña parte de lo que paga el consumidor. Por ejemplo, el precio en origen de la ternera en Euskadi es de 5,3 euros y el final, de 15,6. Peor aún es el caso de la patata, que pasa de 0,3 euros a 1,36. Son datos de Behatoki, el Observatorio vasco de la Cadena Alimentaria, encargado de elaborar estadísticas y estudios en la materia.

El departamento de Tapia encargó en 2022 a este organismo que analizara también la evolución de los precios en cada eslabón de la cadena de una lista de productos, pero aún no se ha publicado ningún informe. Lo que sí ha elaborado son estudios con los costes de producción de diferentes alimentos, para que sirvan de referencia a ganaderos y agricultores. Los últimos estiman, por ejemplo, que la producción de un litro de leche cuesta 0,526 euros y el kilo de la carne de ternera, 7,17.

«Pero contar con esa referencia y el control de los contratos no sirve de nada. Si estoy vendiendo por debajo de ese precio porque así me lo exige el cliente diré que mis costes son menores», señalan en ENBA. Consideran más efectivo controlar prácticas de los grupos de distribución como obligar a vender una proporción alta para la marca blanca y apretar luego por esa vía. «En 2022 pusimos una denuncia a la cadena Dealz por vender leche a 0,55 el 'brik' y no tuvimos ninguna respuesta», recuerdan.

Controlar los abusos no es fácil porque el sector primario está muy atomizado. En España el organismo que se encarga de sancionar las malas prácticas es la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que en 2023 puso sanciones por 376.000 euros, la inmensa mayoría por retrasos en los pagos. En un intento de calmar las protestas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que volverá a reforzar la Ley de Cadena Alimentaria.