Nueva ley de vivienda

En efecto, tal como lo ha puesto de manifiesto el ministro Félix Bolaños, serán de forma individual y discriminatoria las comunidades autónomas y los ayuntamientos los responsables de decidir la aplicación o no a su territorio de las medidas de limitación de precios de los arrendamientos urbanos. Asimismo, son las autonomías las que deberán solicitar la declaración de 'zona tensionada de mercado' para posteriormente poder regular los precios de los alquileres con los mecanismos disponibles que se definan en la norma.

A este respecto, fuentes de la administración central han aclarado que las limitaciones de los precios sólo van a afectar a las personas jurídicas que sean grandes tenedores, esto es propietarios de más de 10 viviendas en arrendamiento. Madrid y Barcelona ostentan la cabecera del ranking. Se estima que unos 150.000 pisos podrían ver reducido el precio de su alquiler con la nueva ley de vivienda, ya que ese es el número de inmuebles en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. En consecuencia, las personas físicas no se verán obligadas a recortar el alquiler en el caso de que la comunidad autónoma solicite la declaración de zona tensionada, aunque posean más de 10 viviendas.

Siendo como puede observarse una medida flexible y permisiva, no puede ocultarse que, por ello mismo, surgirán conductas enfrentadas para la introducción o no de la medida, lo que oscurecerá con un tinte político indeleble lo que ya en el mero plano económico constituye una fuente de contradicciones.

Paulatinamente van filtrándose aspectos complementarios de la futura disposición que, además de la controvertida regulación de los alquileres, incluye medidas para la promoción del parque público de vivienda y su protección, pero que no comentaremos aquí.

El conflicto está bien servido. En el plano técnico, ¿cómo podremos explicar a nuestros alumnos en la Universidad, o simplemente al público interesado en el asunto, que una misma y única norma legal sea secundada con fervor espartano por las comunidades de izquierdas y repudiada radicalmente por aquellas de gobierno conservador?

¿De verdad constituye la medida pactada entre el PSOE y Unidas Podemos «el mayor ataque por parte del Gobierno a la propiedad privada de la democracia» como aseguró días atrás José Luis Martínez Almeida, regidor del consistorio madrileño?

Las comunidades y ayuntamientos, como señala la futura ley, serán libres de tomar sus decisiones al respecto, pero algunos elementos empíricos y otros doctrinales representan serias advertencias a la misma. Sin entrar en cansadas diatribas, ahí está la normativa catalana de contención del alquiler de 2020, un polémico precedente de la nueva ley de Vivienda, que ha hundido un 42% la oferta de alquileres de la autonomía catalana, con unos precios que continúan al alza.

Pero es que, en pura ortodoxia teórica económica, un ataque a la oferta de la vivienda reduciendo su precio no la hará más asequible, sino que reducirá aquella, produciendo simultáneamente una elevación del precio del alquiler, declarado o no, causando justamente el efecto contrario del deseado.

Lo temible en economía son las consecuencias inducidas. Bien es verdad que la nueva normativa no afectará a las personas físicas de forma frontal y directa. Pero aceptar esta afirmación es ocultar la mitad de la verdad ya que el precio del alquiler de la vivienda se halla directamente relacionado con su precio de venta. Si esto es así, el 77% de los hogares españoles dueños de viviendas sufrirán un efecto riqueza negativo en el valor de su propiedad inmobiliaria. Y los potenciales inversores en viviendas para alquiler frenarán en seco su demanda.

De ahí que la disposición no solamente sea discriminatoria respecto de otros activos líquidos de los particulares, como por ejemplo un depósito bancario, sino que se vuelve contra el interés directo que dice perseguir.

Resumiremos lo dicho con la célebre frase del economista sueco Assar Lindbeck: «Después de un bombardeo, el control de las rentas es en muchos casos una de las técnicas más eficientes conocidas para destruir ciudades».