Navantia da diez días a la plantilla de La Naval para que escoja un destino

En concreto, la carta ha sido remitida por la sociedad Cofivacasa, que es parte del grupo público Sepi, dependiente del Estado. Cofivacasa es una sociedad instrumental encargada de varios procesos de liquidación de empresas, entre ellas del antiguo grupo naval Izar, del que salieron en 2006 Navantia y La Naval. Navantia concentró inicialmente toda la construcción naval militar –la Unión Europea le impidió durante diez años hacer incursiones en la construcción civil–, aunque ahora desarrolla también una intensa actividad en la fabricación de elementos de soporte para aerogeneradores marinos.

Según ha podido conocer ELCORREO, los responsables del grupo Sepi han dado instrucciones para que esta incorporación de la plantilla de La Naval se produzca con «flexibilidad». Esto es, sin imponer un destino concreto, al menos como primera opción, y también dejando que sean los afectados, de forma individual, quienes decidan la fecha de su traslado. En cuanto a los destinos, los ya extrabajadores de La Naval pueden optar entre los astilleros de Ferrol, Cartagena y Cádiz, así como las oficinas centrales de la compañía en Madrid.

La misiva recibida por los trabajadores ya advierte que la elección voluntaria del destino está condicionada «dentro de las posibilidades de Navantia». Con ello, la empresa da a entender que todo quedará a expensas de que el perfil de cada uno de los 150 trabajadores encaje con las necesidades de cada centro de trabajo. Pese a todo, fuentes próximas a Navantia aseguran que la compañía va a hacer el máximo esfuerzo para respetar el centro elegido, dentro de «los criterios lógicos». Así, por ejemplo, apuntan que sería «imposible» recolocar a un soldador en las oficinas centrales Madrid.

Por otra parte, el sindicato ELA confirmó ayer que presentará un recurso contra la decisión del juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao, que optó por el despido de la totalidad de la plantilla de La Naval ante la quiebra de la empresa. ELA se suma así a la decisión que había adoptado en el mismo sentido el sindicato CAT, mientras que UGT y CC OO han rechazado esa opción al entender que es perjudicial para intentar recuperar la actividad industrial en el astillero.

El recurso, según los sindicatos promotores, pretende generar un periodo de inseguridad jurídica sobre la situación legal de la plantilla, con el objetivo de forzar una negociación con los potenciales inversores que quieran hacerse con la propiedad del astillero. La negociación, indican, perseguiría la recolocación de los trabajadores despedidos y el mantenimiento de las condiciones salariales.