Mifid, fraude y libre mercado

El pasado miércoles 3 de enero entró en vigor Mifid II, una continuación de Mifid I. Esta última lleva en aplicación desde noviembre de 2007. Mifid (‘Markets in Financial Instruments Directive’ en inglés; ‘Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros’ en castellano) introduce un régimen unificado para los servicios financieros de los 28 estados de la Unión Europea y otros tres más, (Islandia, Noruega y Liechtenstein) del Área de libre comercio. Mifid es fruto de una Europa coordinándose en la transparencia, seguridad, homogeneidad y lucha contra el fraude en el ámbito de los servicios y actividades financieras, afectando a compañías de seguros, empresas de Inversión, gestoras de activos o entidades financieras. Pero si vamos al fondo de la cuestión, y con ánimo de simplificar, su objetivo último consiste en la protección de los consumidores e inversores en el espacio comunitario.

Las normas Mifid afectan a particulares y empresas por una lado y a entidades financieras o de servicios y a sus reguladores por otras, en relación a sus clientes actuales o potenciales, a los que debe segmentar en función de su perfil de riesgo, vocación inversora y formación financiera. Algunos, o tal vez muchos, de los lectores tendrán sufrida experiencia de la interminable retahíla de papeles que el cliente bancario se ve obligado periódicamente a firmar en cumplimiento de los procedimientos que estamos comentando. Paralelamente la normativa Mifid pretende controlar a los creadores de servicios financieros y conducirlos a plataformas operativas cada vez más transparentes. Uno de los objetivos es derivar la contratación hacia espacios oficiales o mercados cotizados y evitar las operaciones de circuito privado (over-the-counter) más proclives al abuso del operador financiero.

Volviendo a la protección del inversor, la nueva normativa alienta la mayoría de edad del cliente con independencia de que este se decida por productos más o menos complejos y sofisticados. Viene esto al hilo, por ejemplo, de cuando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo falló anular la compra de acciones de Bankia en la oferta pública que llevó a cabo la entidad en 2011. La resolución de 3 de febrero de 2016 confirmó que hubo «error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública». El aducir que el folleto contenía ‘graves inexactitudes’ tiene sentido si pensamos que los clientes se lo leían. Pero los minoristas no leyeron presuntamente el folleto porque tenía 402 páginas. Si lo hubieran leído la mayoría habría declinado la oferta dada la machacona iteración de los riesgos que en el folleto se exhibían. La realidad es que los clientes acudieron a la oferta pública porque fueron tendenciosamente animados a hacerlo por algunos gestores de Bankia y eso no puede tolerarse. Mifid I y II quieren evitar la circunstancia de tener que apelar a la judicatura mediante una terapia preventiva vigorosa. Ojalá que lo consigan.

Una reflexión final. Con Mifid, la deseable protección del inversor conduce a que los proveedores de servicios financieros se vean inmersos en un papeleo y una burocracia sencillamente extenuantes. Lo cual tiene una doble moraleja.

De una parte promueve la figura de un sector público protector que controle y evite los desmanes de una economía de mercado que a menudo se deja arrastrar por la irracionalidad y también por los desmanes de conductas fraudulentas. Ahí están los banqueros yanquis con sus hipotecas sub-prime, los Madoff neoyorquinos y nuestros Madoff domésticos, como Germán Cardona Soler, artífice de una megaestafa ‘piramidal’ que montó a base de promesas de grandes intereses a los capitales que le confiaban sus incautos inversores, como hicieron antes los dueños de Fórum Filatélico y Afinsa -entre otros muchos-, aunque estos tejieron una red comercial de miles de vendedores y Cardona se basó en un puñado de colaboradores, Internet y la perenne estulticia humana. O sea, que un aplauso a la protección pública.

Pero la otra moraleja es que estamos escorándonos hacia un muy costoso sistema económico donde los requerimientos del sector público, léanse normas, intervenciones, reportes y cumplimentaciones recurrentes amenazan al sector privado con la asfixia. Si esto es así, no resulta sencillo comprender qué clase de irresponsable y ausente ‘Estado neoliberal’ tratan aun de derribar algunas malinformadas formaciones antisistema.