El sector de las telecomunicaciones ha encontrado en la comercialización de paquetes de servicios la mina de ingresos que estaba buscando desde los últimos años de la crisis –en 2017 ya supusieron casi el 55% de su facturación, que alcanzó los 33.530 millones de ... euros tras crecer un 3,1%–, tras observar que el gasto en telefonía tradicional se contenía con fuerza ante el avance imparable de nuevas formas de comunicación basadas en internet. Y visto que su batalla con los gigantes de la Red para que se les impongan restricciones regulatorias similares a las suyas no da los frutos esperados, las operadoras han preferido reorientar su estrategia hacia un mercado a dos velocidades, e incluso llegar a acuerdos con aquellos.
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El resultado es que mientras en el segmento 'low cost' la guerra comercial sigue siendo dura, e incluso puede agravarse este verano con el lanzamiento de O2 como segunda marca de Telefónica para competir a precios bajos en móviles y fibra óptica – frente a la marca Lowi de Vodafone, o Amena y Simyo de Orange–, en las ofertas convergentes de televisión e internet no se ven más que subidas. Lo vienen denunciando varias organizaciones de consumidores como OCU y Facua, y hace pocas fechas se ha unido una voz autorizada como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Las relaciones entre el organismo que preside José María Marín Quemada y las operadoras vienen siendo complicadas en los últimos años, fundamentalmente con Telefónica por su condición de operador dominante –el 41% de los ingresos del mercado en 2017 fueron suyos, frente al 18,5% de Vodafone y el 17,7% de Orange–. La réplica de la multinacional que preside José María Álvarez Pallete es que la CNMC no ha tenido en cuenta ni sus inversiones multimillonarias en desarrollo de redes, ni el crecimiento de sus rivales.
Esta vez la crítica de Competencia es hacia las tres grandes 'telecos', a las que acusa de aprovechar el «fuerte empaquetamiento» de su oferta para encarecer las tarifas, sin considerar si sus clientes no preferirían tener servicios inferiores –por ejemplo, una velocidad menor de acceso a la Red– a cambia de «pagar un poco menos». «Es cierto –reconocía Marín Quemada– que están ofreciendo más calidad dentro de sus ofertas de la mano de una tecnología vanguardista, pero la pregunta es si todo el mundo necesita eso que le están ofreciendo».
Lo cierto es que las quejas contra esos paquetes –un «fenómeno exclusivo en España», según la CNMC– han aumentado. El año pasado, según la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (integrada en el área de Agenda Digital del Ministerio de Economía), subieron un 10%. Aunque en volumen no parecen muchas las 10.645 reclamaciones contabilizadas, la media diaria llega a 29. Y en más de un tercio de los casos (el 37,5%) el motivo fue la facturación –el segundo por importancia son los problemas para darse de baja (17,7%)–. También el Defensor del Pueblo se ha interesado por los aumentos tarifarios, al estimar que podrían «alterar la competencia efectiva», y alerta por la posibilidad de que pudiera haber un pacto entre operadoras.
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Sospechas, pero no indicios
Pero Competencia no ha podido encontrar indicios de peso sobre la existencia de acuerdos de colusión en el mercado. Y eso que viene advirtiendo de ese riesgo desde hace cuatro años, cuando en España comenzaron las grandes operaciones de concentración: Vodafone y Ono, de un lado; Orange y Jazztel, por otro.
De momento, solo tiene como sustento las propias cifras –según la base de datos del INE, el coste para el consumidor de los servicios empaquetados de telecomunicaciones se incrementó un 6,7% el último ejercicio y en los cinco primeros meses del actual lo ha hecho un 4,6%– y la secuencia histórica de hechos. Cuando había cuatro y cinco operadores los precios bajaban, arguye el presidente de la CNMC, y ahora que hay tres suben. « A nosotros lo que nos preocupa es que las ofertas sean replicables y que las tarifas resulten razonables».
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Esto es, no es tanto que tengan que bajar sí o sí, sino que haya opciones para que no todos los paquetes se encarezcan y, además, que no se reduzcan al mínimo otro tipo de ofertas menos atractivas para las operaras. Reconoce que «es un sector en el que está aumentando la competencia», en general, y por ello «debe disminuir la regulación», incluso llegado el caso también «las restricciones del operador dominante». En la Comisión no quieren olvidarse de mensajes conciliadores a la vista de que sus críticas de meses anteriores no han tenido el eco esperado. Desde enero de 2016 los precios de los principales paquetes de las grandes operadoras no han dejado de aumentar. Por ejemplo, Movistar Fusión de 300 megabytes (Mb) ha pasado de 77 a 95 euros al mes, Vodafone One con la misma velocidad de acceso a internet ha subido de 71 a 80 euros, y Love Sin Límites de Orange de 67,95 a 72,95 euros.
No en vano, casi seis de cada diez usuarios (el 57,2%) que en 2017 cambiaron de operadora lo hicieron para «abaratar la factura», según el Panel de Hogares de la CNMC. Y para otra cuarta parte (24,4%) fue por «beneficiarse una oferta empaquetada de servicios» mejor. En abril (último mes del que hay datos) medio millón de clientes se mudaron a otra compañía (590.269 líneas).
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En telefonía MásMóvil, el cuarto operador por importancia –que aglutina Yoigo y Pepephone entre otras marcas– firmó 159.000 altas (casi el 80%), mientras Movistar perdía 30.170, Orange otros 28.700 y Vodafone se dejaba 23.930. Y en banda ancha fija copó casi el 91,6% de las contrataciones (46.800 en total).
Los responsables de MásMóvil esperaban ganar 800.000 clientes este año y a finales de junio podrían llevar ya dos tercios de esa cifra. A las tres grandes, no obstante, les ocupa más avanzar en los paquetes, con crecimientos anuales de entre el 5% y el 6%. De hecho, Movistar ha disparado sus ingresos por Fusión –el primer servicio realmente convergente de España– un 70% en cuatro años.
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Telefónica copa el fútbol
Telefónica coqueteó varios meses con la posibilidad de no pujar esta vez por los derechos del fútbol. La culpa: sus elevados precios, que llevaron al consejero delegado de la operadora, Ángel Vilá, a advertir de que serían «extremadamente racionales y disciplinados financieramente». Otros contenidos, como las series de televisión, daban similar audiencia o incluso mayor resultando, además, menos onerosos. Pero el fútbol sigue fidelizando a cientos de miles de clientes y esa realidad manda.
Por eso, pese a los acuerdos de las tres grandes –Telefónica, Vodafone y Orange– con Netflix para acceder a sus contenidos de series, la compañía presidida por José María Álvarez Pallete no ha resistido la tentación de hacerse en exclusiva con el fútbol televisado en España. Ha adquirido los derechos a Mediapro, que mantendrá el paquete de los bares y compartirá ingresos publicitarios.
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Por dar La Liga entre 2019 y 2022 pagará 2.940 millones de euros, y por las competiciones europeas (Champions y UEFA League) entre 2028 y 2021 otros 1.080 millones. Eso sí, podrá revenderlos a otras operadoras y hacer caja.
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