Maroto anuncia una mesa del automóvil con el comisario europeo Thierry Breton

La celebración de esa mesa, según ha manifestado la ministra, es una muestra de la apuesta del Gobierno por el sector automovilístico, al igual que el plan de apoyo a esa industria aprobado la semana pasada por valor de 3.750 millones de euros, de los que 1.535 millones se movilizarán este mismo año.

Asimismo, Maroto ha reconocido que España necesita reforzar el peso de la industria en el PIB. Y, para ello, desarrollará una política industrial proactiva, alineada con los objetivos de la Agenda 2030, para «recuperar el tiempo perdido en los últimos años». El objetivo que se ha marcado es la génesis de un pacto por la industria, con vocación de permanencia y «elevado a la categoría de política de estado» para salvaguardarlo de las eventualidades ligadas a la alternancia política. Ello se prevé que cuaje en el diseño de una ley de industria que adapte todo el marco regulatorio a la nueva realidad que incluye los retos medioambientales y los que plantea la transformación digital. La normativa vigente en la actualidad es de 1992.

Uno de los puntos concretos a los que se ha referido Maroto ha sido la necesidad de la reorientación de la industria para abastecer al país de bienes sanitarios. Y, en este sentido, ha avanzado que se apoyará a las manufacturas que se empleen a este objetivo y que se construirá una reserva estratégica de bienes sanitarios ante el estallido de posibles nuevas emergencias sanitarias.

Maroto también ha anunciado que en el consejo de ministros de mañana se aprobará el Fondo de Reserva de Garantía para la industria electrointensiva, una medida que «va a permitir acompañar el desarrollo de los 'PPA' (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo) con plantas de generación renovable». Es una de las políticas que prevé poner en marcha el Ejecutivo para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva. De acuerdo con el anteproyecto de ley por el que se crea esta figura, que vio la luz el pasado mes de febrero, el fondo será gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE) y cubrirá un total de 600 millones de euros para sus tres primeros años. En particular, el fondo estará dotado con 200 millones de euros al año, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años.

Con relación al turismo, también ha manifestado Maroto el compromiso del Gobierno, con un apoyo público que cifra en un total de 19.535 millones de euros en ayudas para las empresas y para los trabajadores del sector, sumando el coste de los ERTE, los avales del ICO y el plan específico para el turismo aprobado la semana pasada. Si bien, ha reconocido, «la apertura de la actividad turística va a ser gradual». Los primeros datos, afirma, «nos hacen ser optimistas», aunque ésta «va a ser una temporada distinta». Uno de los principales objetivos del Gobierno es «recuperar la confianza en los viajes» y mostrar que España es un destino seguro.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, que también ha participado en el encuentro telemático organizado por Nueva Economía Forum en el que la ministra ha realizado estas declaraciones, ha valorado como «éxito absoluto» el programa piloto desarrollado en Baleares de acuerdo con el que el archipiélago se abría siete días antes que el resto del país. Según ha expresado Armengol, ello ha favorecido tanto el test de los protocolos de seguridad puestos en marcha como una repercusión mediática muy importante en todo el mundo en que se ha mostrado que las islas continúan siendo un destino seguro para pasar las vacaciones.

En cuanto al comercio exterior, según ha expuesto Maroto, «hemos logrado mantener el pulso de la exportación, a pesar de la situación de hibernación de la economía». Y se van a favorecer en los próximos meses acuerdos de libre comercio, como el que se diseñará con el Reino Unido, así como diversos programas de apoyo a las exportaciones.