Mayor longevidad, mayor provisión presupuestaria

Aprovecha a nuestro propósito la reciente publicación del 'Mapa 2023 del talento senior' de la Fundación Mapfre, que si bien tiene por objeto contrastar la realidad laboral de los jóvenes trabajadores con la de los seniors igualmente en activo, aporta información relevante sobre la viabilidad de nuestras cuentas públicas en el contexto de una dramática crisis demográfica, en la que se combina de forma explosiva una longevidad creciente con una natalidad en franco retroceso.

Aclaremos que por jóvenes define el estudio a los comprendidos en la franja de los 16 a los 29 años y mayores a quienes se hallan en el intervalo de los 55 a los 69.

Pues bien, el informe refiere que la relación entre jóvenes y mayores se ha invertido desde 2008 en términos absolutos y porcentuales. En 2008 había 8,4 millones de jóvenes y 6,8 millones de mayores. Hoy hay más seniors (9,1 millones) que jóvenes (6,9 millones) en la población española. También en el mercado laboral actual hay más seniors que juniors: 4,1 millones de mayores frente a 2,9 millones de jóvenes. La participación de los jóvenes en el mercado laboral ha descendido frente a la de los seniors, que ha ascendido. Los jóvenes suponen solo el 16 % y los seniors son ya el 20 %.

La población joven ha perdido 1,5 millones de efectivos entre 2008 y 2022, pero en el mercado laboral ha sido mayor la caída: 1,8 millones los activos y 1,7 millones los ocupados. En cualquier caso, el desplome podría haber sido aún más intenso de no ser por la inmigración, ya que entre 16 y 29 años se contabilizan algo más de un millón de extranjeros.

En su conjunto, el mercado laboral ha envejecido notablemente desde 2008, de modo que el porcentaje de jóvenes ha pasado del 26,9% del total de trabajadores al 14,9%, mientras que los trabajadores seniors han doblado su peso al pasar del 10,1% al 20,5% a día de hoy. Todo lo cual no hace sino ratificar los sombríos presagios que se deducen de la pirámide invertida de edad de nuestra población.

Muchas son las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de nuestra sociedad. Comenzando por la que alude al grave tema de las pensiones. La alta esperanza de vida de la población española unida a la más tardía entrada en el mundo del trabajo de los jóvenes cuestiona sin duda la viabilidad de un sistema de pensiones de reparto. El número de personas en edad de trabajar por cada una de 65 años o más, que cayó desde 6,9 en 1960 a 3 en 2021, continuará su trayectoria descendente hasta equilibrase en 1,7 en la década de los 2040, según la OCDE. El incremento de la longevidad en España somete a una presión creciente a las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit básico se cuantifica en 12.700 millones, solamente entre 2019 y 2023, según Fedea. Ahí están las repetidas transferencias del Estado a las arcas de la Seguridad Social para dar fe de tal juicio.

Pero hay otros flancos vulnerables. El envejecimiento también proyecta importantes aumentos del gasto público asociados a la sanidad y a los problemas generados por la dependencia. La sanidad constituye la segunda partida con mayor incidencia en el gasto asociado al envejecimiento, que aumentará del 5,7% del PIB en 2019 al 7% en 2070. En España, el aumento de los años de vida es la principal causa del crecimiento del gasto sanitario, unido al hecho de la concentración de enfermos en tramos de edad alta donde el coste es sensiblemente mayor. Finalmente, el gasto en dependencia experimentará un continuo aumento hasta el año 2070, cuando alcance el 1,5% del PIB, 0,8 puntos porcentuales más que en la actualidad. Es claro que a mayor edad, mayor dependencia y, en consecuencia, mayor demanda de cuidados especiales.

Quien tenga ojos para ver que extraiga las consecuencias.