Estragos y recuperación

Según ha señalado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la dana podría haber causado una reducción de dos décimas al crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre del año, manteniéndose en negativo un año después y una subida de 0,15 puntos del índice de precios al consumo.

BBVA Research añade detalles a la siniestralidad de las lluvias torrenciales: solamente en la Generalitat Valenciana, unas 50.000 viviendas afectadas, 100.000 automóviles y vehículos pesados dañados, polígonos industriales y parques empresariales inutilizados en los que operan más de 60.000 empresas. Según otras fuentes, el daño económico (stock) se estima en 17.000 millones de euros, lo que equivale al 1,3% del PIB nacional y al 12% del PIB de la Comunidad Valenciana. La catástrofe habría afectado gravemente a 15.700 empresas y 92.000 empleos, solamente en la provincia​ de Valencia. En más de 40 municipios, las caídas del consumo han sido superiores al 80%. En cuanto al impacto en el empleo, 1.699 empresas han solicitado un ERTE para sus plantillas, de manera que 19.846 trabajadores se encuentran en esta situación, el 1,9% del empleo de la Comunidad Valenciana. Las comunicaciones comarcales tardarán meses en restablecerse. La normalización de la enseñanza en las escuelas también deberá esperar. El sector agrícola aun evalúa el desastre.

En lo que afecta a la tutela y supervisión de las entidades financieras, Escrivá ha elevado hasta los 20.584 millones la exposición máxima del sector financiero local, representativo del 1,8% del crédito total de la banca española, aunque este porcentaje no representará pérdidas en su totalidad dadas las medidas de apoyo adoptadas. El número de hogares financieramente afectados se cifra en 534.529, con 147.245 hipotecas vivas, de dudoso cobro transitorio y 387.284 en otros préstamos a las familias.

En el capítulo de las medidas necesarias para la recuperación, y como efecto impacto se han habilitado una amplia batería de subvenciones y ayudas específicas que, a la fecha, y con procedencia del Gobierno central ascienden a 16.600 millones de euros. También medidas crediticias, laborales y fiscales; inyección de liquidez a través de créditos con garantía pública; exención del impuesto sobre bienes inmuebles, ERTE para los trabajadores y fondos para la reconstrucción de calzadas y edificios. Las compensaciones hay que evaluarlas. Es dolorosamente lógico. Dado el desorbitado volumen de trabajo que afronta el sector asegurador, 15.000 peritos ha sido desplegados por los cuatro hemisferios de las zonas afectadas.

Más allá de la reparación, deberían consignarse inversiones en infraestructuras flexibles revisando políticas climáticas y urbanísticas para prevenir siniestros de alta intensidad. Esto incluiría la inversión en diques y sistemas de drenaje que puedan soportar condiciones adversas extremas. Los fondos públicos también deberían destinarse a la capacitación y sensibilización de la población sobre cómo actuar en caso de un desastre, lo que podría salvar vidas y facilitar una recuperación más rápida.

Otra estrategia inteligente consistiría en la creación de un fondo de emergencia destinado específicamente a la respuesta y recuperación de acontecimientos altamente adversos. Finalmente, la colaboración entre las diferentes administraciones del Estado, así como con organizaciones no gubernamentales y el sector privado, se constituiría en un criterio crucial.

Junto a las dotaciones de la Generalitat, también la Unión Europea (UE) se moviliza para apoyar a los Estados miembros afectados por desastres naturales. El Consejo de la UE ha aprobado Restore, una línea diseñada para agilizar el uso de los fondos de cohesión europeos en la recuperación de las catástrofes.

Todas estas medidas no deberían proporcionar únicamente alivio inmediato. La reconstrucción debería ser igualmente una oportunidad inteligente para mejorar las infraestructuras y el crecimiento potencial de las zonas afectadas.