Encuesta sobre fiscalidad

El tema de la fiscalidad atiende a dos grandes objetivos: la financiación del gasto público y la redistribución social. El gasto público es el uso de los ingresos que las agencias recaudadoras realizan para la satisfacción de las necesidades públicas. Como los impuestos detraen renta disponible de consumidores y empresarios, constituyen un factor tóxico y exógeno del que es preciso disponer con la precisión y sensibilidad de un cirujano. Pero al mismo tiempo la fiscalidad cumple con una importantísima tarea de nivelación social por medio de la redistribución, aunque con la consecuencia casi siempre pasada por alto de que algunas franjas de renta contribuirán más a las arcas del Estado que lo que reciben de este, como aquí, con datos actualizados, vamos a comentar.

El gasto público -la suma del consumo y la inversión públicas- representa en la actualidad entre el 40 y el 50% de la actividad total productiva. Una de cada dos unidades de PIB es generada por el gasto de las administraciones nacionales, regionales y locales.

Llegado a este punto cabe interrogarse si el estilo y la forma en que el Estado interviene y maneja la economía privada, la realidad cotidiana del proceso productivo, es eficaz y eficiente, o si por el contrario es torpe o desganada y, en su conjunto o en parte, ineficaz e ineficiente. Incluso cabe asociar estos conceptos a los de la misma legitimidad democrática.

Un indicador que acerca la contestación a dicha pregunta la constituye el balance de pagos y cobros que el ciudadano percibe en su relación con el Estado. El CIS en una encuesta publicada este mismo mes de diciembre, titulada 'Actitudes hacia el Estado de Bienestar', nos provee de una respuesta aproximada. El 62,1% de españoles considera que lo que recibe de las administraciones públicas es menos de lo que paga en impuestos, un porcentaje ligeramente superior al de 2023, cuando era del 59,1%. El matiz de 'menos' se torna en 'poco o nada' para el 58,8% de la población. Por el contrario, el 8% de los encuestados responde que recibe más de lo que paga, mientras que un 25,7% opina que la balanza entre lo que aporta y lo que recibe es equilibrada.

La percepción atiende a dos frentes y en ambos se alberga la duda. La primera y particular es si me devuelven a mi o a mi segmento tanto o más que lo que pago. La segunda es genérica, porque la duda se extiende a la capacidad misma de actuar del estado, al preguntarse si las contrapartidas que el ciudadano recibe de las administraciones públicas son eficaces y en su caso eficientes. La eficacia se demuestra en la mera aptitud para realizar una tarea mientras que la eficiencia se atribuye a aquella tarea que utilice menos recursos o alcance mayores resultados en su realización. Ejemplo de conducta ineficaz es la compra de trenes que no caben por los túneles. A su vez la conducta ineficiente se refiere a la poca calidad o acierto del desempeño y es aplicable en primera instancia a las grandes categorías sociales como la educación la sanidad, o la atención a los mayores.

De esa percepción surge primero la decepción y después la rebeldía. El Estado debe demostrar que da y reparte tanto como recibe, o más, si es regido por mentes responsables y productivas. Una política fiscal arbitraria, justificada tozudamente en recordar la distancia que separa nuestra presión impositiva a la media europea, se acerca asintóticamente al expolio. La fe de un danés o un noruego en sus presupuestos fiscales les hace infinitamente más fácil y liviano a los nórdicos el pago de sus tributos que a un ciudadano español.

Una consideración final en la distribución del gasto. Al 62,1% de los defraudados, se oponen en el otro extremo de la pirámide de edad los mayores de 75 años, que ven con ojos benévolos el desempeño fiscal del gobierno, traducido en pensiones y asistencia social. El clamor de un mayor arbitraje entre mayores y jóvenes se escucha ya con excesiva frecuencia.