Encuesta de condiciones de vida

La Unión Europea publica con periodicidad anual una llamada 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)'. Dicha recopilación está dotada de criterios homogéneos para el conjunto de los Estados miembros en materia de repartición de las rentas y de la exclusión social, situación de la pobreza y de la desigualdad, y necesidades de la población, que finalmente puedan facilitar a los gobiernos el diseño de nuevas acciones y programas económicos beligerantes de lucha contra la precariedad.

La consecuencia de la información obtenida es que, en España, no solo se registran tasas de pobreza superiores a las de la Unión Europea, sino que la tendencia es preocupante al constatarse retrocesos en nuestras posiciones durante la última década. España ocupa, en efecto, una posición muy alejada de la que le corresponde en el ránking comparativo de PIB. Solamente tres países superan al nuestro en porcentaje de hogares económicamente vulnerables.

Según la encuesta de 2023, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social (Tasa AROPE) en España aumentó hasta el 26,5%, desde el 26,0% de 2022; la proporción de personas en situación de carencia material y social severa creció hasta el 9,0%, frente al 7,7% del año anterior. El 9,3% de los ciudadanos llegó a fin de mes con extrema dificultad, frente al 8,7% de 2022. Un 28,9% de las personas menores de 18 años se encontraba en situación de pobreza, 1,1 puntos porcentuales más que en 2022, lo que coloca a España como el país de la Unión Europea (UE) con la tasa de pobreza infantil más alta. Más de dos millones de niños y adolescentes viven en esa situación, lo que supone el 28% del total de toda la UE. Los citados son algunos de los muchos datos que traducen fracturas de nuestra sociedad y claman por vías de solución.

Como efecto colateral, tal vez el ingrediente más novedoso que acompaña a esta enfermedad que afecta a las rentas bajas de nuestro sistema es el de su reciente influencia sobre otras capas sociales. Relativo, sí, pero contagio real y palpable, también.

Porque el afán básico de construir un presente y un futuro en libertad nos remite a que los demás puedan disponer de análogas circunstancias, porque crece la duda de que, si la prosperidad no se comparte, nuestra propia seguridad se torna precaria. Las clases medias, bastión tradicional del conservadurismo y poco dado a veleidades, tienen ahora, además, la sospecha de que se están convirtiendo en el chivo expiatorio del sistema. Han sufrido, como todos, los daños de las recientes crisis, pero al no ser pobres de solemnidad no se benefician de los alivios del sistema. Y el látigo de la inflación, al igual que a los más vulnerables, ha atizado vivamente su franja de gasto, y están cada vez más persuadidos de que, cuando los precios remitan, nunca regresarán a los de años atrás, consolidando su estrago para siempre. Con la trampa de la pobreza a la vista, las clases medias dan vueltas en su interior a la necesidad de un cambio drástico en el orden de las cosas.

El Estado no debe cejar en sus políticas sociales porque el progreso es un tren que se aleja cada vez más de los, de por sí, ya muy alejados. Pero más allá de las ayudas canalizadas por las redes de la seguridad social, la asistencia social, la mejora de infraestructuras, los programas de vivienda asequible, o el impulso de un crecimiento robusto, debe promover un vasto plan para recuperar para los vulnerables el ascensor social, la igualdad de oportunidades y una esperanza más cercana, y ello de la mejor de las maneras posibles: introduciendo con profusión de medios una educación de calidad orientada a rescatar a los más desasistidos, y que les ofrezca en un futuro próximo oportunidades para acceder a empleos mejor remunerados y a una vida digna.