La dolarización de Javier Milei

Sin duda, la medida más sonora planteada por el político porteño es la de la dolarización del peso, una acción radical, que difícilmente podrá sustituir los desórdenes estructurales del país reflejados en una deuda de 332.000 millones de dólares, equivalente al 81% del PIB, una prima de riesgo que supera los 2.400 puntos básicos y supone la expulsión del mercado libre de financiación internacional, tipos de interés del 133% en TIR anual, un Banco central quebrado, una balanza comercial deficitaria con más de 55.000 millones de deuda de importadores con proveedores del exterior. Un rating de bono basura, una inflación del 142% anual, un desastre ecológico en la producción agrícola, básica en su exportación, una tasa de pobreza del 40% y la pérdida del 90% del valor del peso en cuatro años rematan un panorama desolador.

Cuando la moneda de curso legal era aún el austral, Argentina adoptó con relativo éxito en abril de 1991 un régimen de Caja de Conversión (Currency Board) también conocido como régimen de convertibilidad, que se mantuvo vigente hasta su final catastrófico a fines de 2001.

La dolarización supone un paso más sobre la convertibilidad de la década de los 90 practicada con Carlos Menem. En esta última el peso estaba cubierto con la misma cantidad de dólares en las reservas del Banco Central, mientras que la dolarización implica directamente la desaparición del peso. Para ello se decreta al dólar como divisa de curso legal del país, lo que implica la sustitución de todos los pesos que forman la base monetaria, por dólares. Una objeción determinante reside en saber de dónde se sacan los dólares necesarios para el canje. Desgraciadamente, el Banco Central no solo carece de reservas, sino que a la fecha acumula una deuda de 7.000 millones de dólares, por lo que implementar esta completa dolarización requeriría necesariamente un préstamo externo. Considerando el total de pesos a convertir -29 billones a la fecha-, debería considerarse un colchón de 40.000 millones de dólares para dolarizar el sistema a una cotización estimada de 700 pesos por dólar.

Además, y de forma automática, la dolarización implicaría la pérdida de la soberanía monetaria en cuanto a movimientos de tipos de interés o de cambio, así como la eliminación de un prestamista de última instancia, un Banco Central que inyecte la liquidez necesaria para frenar, en su caso, una crisis crediticia o bancaria. La economía argentina quedaría sujeta al ciclo estadounidense, en el que sus gobernantes y la FED toman sus decisiones de política unilateralmente, que no tienen por qué coincidir con las argentinas.

Sin embargo, uno de los principales argumentos a favor de la dolarización en Argentina es el hecho de que el uso de dólares no sería una imposición por parte del Gobierno, sino simplemente un reconocimiento del estado actual de las cosas. La dolarización, en algunos aspectos, ya se ha producido. Por ejemplo, las grandes transacciones no se realizan en moneda local. Nadie compra ni vende una casa o incluso un coche en pesos. Además, y sin distinción de clases sociales, todos en Argentina saben que, si quieren y pueden ahorrar, deben hacerlo en dólares. La debilidad del peso procede de la conducta manirrota del Gobierno que no cesa de imprimir dinero para financiar su déficit. Por lo tanto, eliminar la capacidad del Gobierno para crear dinero no garantiza que este dejará de producir déficits. Por el contrario, de abordarse en primer lugar la absorción gradual del déficit fiscal, la dolarización sería superflua ya que la inflación desaparecería. Incluso si la dolarización fuera factible, una vinculación dura al dólar no garantizaría una flexibilidad nominal alternativa en salarios, gasto fiscal y otros campos para compensar la pérdida del tipo de cambio como instrumento de política monetaria. El dólar por sí solo no sería la solución al problema global de Argentina.

Con dolarización o sin ella, el destino marcará si hay que volver o no a llorar por Argentina.