Desbordado gasto social

Una primera objeción se refiere al alcance y carácter heroico que supone sostener hipótesis y conclusiones a vista del año 2070. Pocos de entre los lectores de los informes oficiales gozarán entonces del ánimo y salud para denunciar falsas proyecciones, en el caso de que las proyecciones hoy trazadas resulten ser falsas. ¿Para qué seguir adelante entonces? Porque aún en el caso de producirse desviaciones, la autoridad de la Comisión Europea merece nuestro máximo respeto.

La pregunta, en consecuencia, es otra: ¿Qué debemos hacer y cómo debemos prepararnos para la probable circunstancia de que Bruselas se aproxime significativamente a las proyecciones establecidas para 2070? Ese es nuestro posicionamiento. No hay que olvidar que en todo caso hablamos de extensiones o extrapolaciones de informes de probada validez, como las relativas a la coordinación de políticas económicas -en particular en el marco del Semestre Europeo-, la aplicación de las políticas de recuperación y 'Resilience Facility', la evaluación anual de la sostenibilidad de las finanzas públicas y fiscales y la vigilancia existente en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El 'Informe sobre el Envejecimiento' concentra un ejercicio único en el sentido de que proporciona proyecciones para los Estados miembros de la UE y Noruega hasta 2070 basadas en datos supuestos y metodologías comunes. El informe suministra un amplio conjunto de datos comparables e internos para 28 países. Dan una idea del momento en que se produce el envejecimiento de la población, sus implicaciones económicas y los desafíos presupuestarios asociados. Esas presiones ya son manifiestas en muchos países y se espera que se aceleren a medida que grandes cohortes de 'baby boomers' se jubilen, la esperanza de vida siga aumentando y las tasas de fertilidad continúen siendo bajas desde un punto de vista histórico.

El 'Informe sobre el Envejecimiento' proporciona una evaluación compartida entre los Estados miembros y constituye, en consecuencia, la piedra angular de los diversos procesos de vigilancia a nivel de la UE sobre los países que la componen. Y España saca suspenso en las recientes reformas fiscales, en especial las relativas a la Seguridad Social.

Las proyecciones presupuestarias cubren cuatro partidas: gasto público en pensiones, atención sanitaria, cuidados a medio plazo y educación. En el caso de las pensiones, los Estados miembros prepararon proyecciones basadas en modelos nacionales, que han sido objeto después de una revisión entre países y la Comisión Europea. Este enfoque permite capturar la especificidad del público de cada país, garantizando al mismo tiempo la coherencia entre países, ya que las proyecciones se basan en datos, supuestos y metodologías compartidas. Las proyecciones presupuestarias fueron aprobadas en enero de 2024.

Bajando al caso español, la variación en el coste presupuestario del envejecimiento en las variables arriba citadas son significativas y rebasan las expectativas alcanzadas hasta el momento. Los incrementos o disminuciones en el año 2070 se expresan en porcentajes del PIB: +3,6% en pensiones, +1,2% en atención sanitaria, +0,9% en cuidados a largo plazo y -0,6% en educación. En total un 5,1% más, con una población activa diezmada y 731 millones de horas trabajadas en 2070 frente a los 750 millones de 2022. Dado que el PIB 2023 fue de 1,461 billones de euros, un 10% supondría 146.000 millones y 14.600 millones representarían un 1%.

A la vista de lo cual, Bruselas reclama a España un ajuste del 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual en las pensiones entre 2026 y 2030, lo que supone unos 11.700 millones de euros al año.

Nuestros pretendidos ajustes recientes han saltado por los aires. ¿Quién y cuándo se recompondrán?