Conveniencia política y disciplina fiscal

¿Por qué punto del camino circula la economía española?

De todos los componentes de la demanda agregada, el de la inversión, esto es, la acumulación del capital, es el que más muestras de debilidad viene dando en los últimos meses, hasta el punto de registrar ligeros retrocesos. Un entorno de regulación laboral, de estímulos fiscales, institucionales o de otra índole, ambiguo o desfavorable a este parámetro constituye, por tanto, una fuente apreciable de preocupación. Nuestra inversión 'per cápita' en el periodo 2002-2023 ha sido un 42% menor que la de la media de la Unión Europea.

Otra cosa es la trayectoria del factor mano de obra, que goza de una salud relativa. Relativa porque, aunque las altas en la Seguridad Social son de 783.000 nuevos empleos solamente en 2023, España comparte con Grecia el triste honor de encabezar la lista del paro relativo a la población activa, por no citar nuestra reprobable hegemonía en el ranking del paro juvenil. La sostenida inserción en el mercado laboral de la últimas olas de emigrantes encuentra fácil encaje en tipos de trabajo que nuestros nacionales desechan o para los que piden retribuciones más altas.

Vayamos, no sin recelo, con nuestra productividad. Las cifras vuelven a decepcionarnos: en los últimos 22 años nuestra productividad ha caído un 7,3%, mientras otros países la aumentaban. Así, Estados Unidos (15,5%), Alemania (11,8%), o Reino Unido (8,8%) están entre los mejores.

Pero ¿existe alguna otra fuente alternativa de progreso del PIB?

La respuesta es menos conocida, aunque no por ser menos perniciosa o desaconsejable. Se trata de un modo de política perversa del gasto público, mediante el recurso desproporcionado a la financiación pública, a través de sucesivas emisiones de deuda institucional o soberana a las que acompañan invariablemente sus consiguientes déficits fiscales. Como es conocido, la deuda de las administraciones públicas asciende a 1,575 billones de euros a 31 de diciembre pasado, equivalente al 107,7% del PIB. Concurre además el infortunio de que si en circunstancias normales el multiplicador del gasto es superior a la unidad, no ha sucedido lo mismo durante la legislatura de Pedro Sánchez, en la que se han necesitado 3,2 euros de gasto y 6,5 euros de deuda para generar un euro de PIB.

Resultado de lo anterior es que a pesar de la senda de reducción de su tamaño relativo debido al crecimiento del PIB que figura en su denominador, el déficit fiscal cerró 2023 en 82.819 millones de euros, un 3,7% del PIB. Bruselas vigila a sus socios. El nuevo marco de gobernanza fiscal introduce una supervisión basada en sus posiciones fiscales individuales. Para los Estados miembros con un déficit público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB, la Comisión publicará una 'trayectoria de referencia' específica para cada país.

El reciente 'Monitor del sostenibilidad de la deuda' de la Comisión Europea (2023) advierte a España de los riesgos a corto, medio y largo plazo en los que incurre su deuda soberana si aspira a ser sostenible. Su 'vulnerabilidad fiscal' ha aumentado ligeramente por causas atribuibles a las recientes crisis exógenas y al azote de la inflación. Las previsiones de deuda a 2034 se sitúan en el 118,4% del PIB, desde el 107,7% actual. Según un determinado paquete de previsiones, 14 países miembros, entre ellos España, se enfrentarán a riesgos de sostenibilidad fiscal a largo plazo. Entre los factores barajados se incluyen la productividad y las dotaciones asociadas al envejecimiento poblacional, las pensiones, la sanidad y el cuidado de los mayores a los que se añaden las inversiones en educación en su más amplio espectro.

La conveniencia política y la disciplina fiscal no pueden ignorarse.