Lanbide ha reclamado 218 millones en cobros indebidos de la RGI desde 2012

Bajo una lupa, los dos documentos se antojan bastante parecidos. El texto que recoge el Boletín Oficial del Estado sobre el IMV contempla sanciones que van desde el apercibimiento a la persona hasta la pérdida de la prestación y el deber de ingresar seis mensualidades de la misma. En el caso de la RGI, las infracciones también se castigan con multas y con la extinción de la prestación.

Dada la experiencia previa con la RGI, el Ejecutivo de Vitoria considera que Euskadi será capaz de gestionar mejor la ayuda estatal. Desde 2012, Lanbide ha «optimizado sus mecanismos de control», subraya. El año pasado, llevó a cabo 139.563 revisiones de expedientes y detectó fraude en 49 de ellos, el 0,04% del total. Se trata de la tasa más baja de los últimos ocho años y se debe «al aumento del control» (las revisiones se han cuadruplicado desde 2012) y a una mayor concreción en el registro de las suspensiones de la ayuda.

En otros 2.788 casos, Lanbide detectó un uso inadecuado del sistema por parte de personas que no cumplían las condiciones para recibir la RGI o recibían alguna otra ayuda que no habían notificado. En los dos supuestos, si se comete fraude o un uso inadecuado del sistema, los beneficiarios deben reintegrar el importe percibido indebidamente. Por esta vía Lanbide ha reclamado 218 millones de euros desde 2012 -el 6% de todo lo invertido en la RGI, que ronda los 3.600 millones-. Desde el organismo detallan que la mayoría de esos reintegros se deben a que la ayuda se recibe a principios de mes y que después, a mes vencido, se analizan los ingresos que ha tenido cada unidad de convivencia para ajustar el importe de la ayuda. No todo el dinero reclamado se ha devuelto, ya que los beneficiarios pueden elegir fraccionar el pago. En caso de no hacer frente a la devolución, a esta se le aplica un recargo, como cuando no se paga una multa.

Los casos de fraude, en cambio, están relacionados con un delito, como la falsificación de documentación para percibir una ayuda. Estas infracciones se persiguen y tienen un recorrido judicial, además de la extinción de la prestación y multas de hasta 3.000 euros. En el caso del IMV las sanciones se extienden al 'cooperador necesario'; esto es, la persona que por sus acciones u omisión haya ayudado a obtener el subsidio de forma ilícita.

La ley que regula la RGI, de 2008, tiene más desarrollado el capítulo referente a las infracciones en comparación con la IMV, gracias al Decreto 147/2010. Entre las faltas graves incluye no destinar la ayuda a cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia, practicar la mendicidad o forzar a ello a un miembro de la unidad familiar y no reintegrar las prestaciones indebidas.

Además de contar con una mayor articulación legal, la RGI es también «más garantista que la nueva ayuda», a juicio de Artolazabal, quien subraya que Euskadi cuenta con tasas de pobreza «inferiores a las del Estado y acordes a los países europeos más avanzados». La RGI ha jugado un papel clave en ello. La prestación contaba en abril con 53.274 beneficiarios y en 2019 se concedió el 61,24% de las solicitudes. Un porcentaje que en lo que va de 2020 se ha elevado al 70,29%.

La prestación vasca, además de complementar a la estatal, seguirá protegiendo a otros 20.000 beneficiarios que no podrán optar al IMV. «Nuestra RGI abarca más e incluye a pensionistas y a personas sin residencia legal», apunta Artolazabal.