El Gobierno vasco descarta que el «sacrificio» que pide Urkullu a los funcionarios conlleve recortes

Ayer, fuentes del Gobierno vasco insistieron en que no cabe traducir las palabras de Urkullu como una insinuación de «deflación salarial y recortes». Algo, por otra parte, que ya deslizó el propio lehendakari en su polémica intervención, al señalar que esos recortes no están «encima de la mesa». Un discurso que, sin embargo, en modo alguno tranquilizó a los sindicatos.

En este punto, el Gobierno vasco insistió en que «no habrá recortes en las políticas públicas sociales, que seguirán siendo una prioridad, ni en las condiciones del empleo público». «El lehendakari no ha hablado ni entiende que el planteamiento haya de ser el que fue por imposición estatal en 2010», añadieron, en alusión a los ajustes derivados de la anterior crisis y que llegaron a Euskadi de manera forzada desde el Gobierno central. Aquel tijeretazo se concretó, entre otros extremos, en una reducción salarial, la congelación de las aportaciones a Itzarri (la EPSV de los funcionarios del Gobierno vasco) -un asunto que aún colea en el Tribunal Supremo- o la eliminación de la paga extra de Navidad de 2012, que después se fue recuperando poco a poco hasta completarse en 2018.

Aun sin terminar de aclarar qué pudiera comportar finalmente ese esfuerzo solidario que el lehendakari ha insinuado a las 70.000 personas que trabajan en la Administración Pública Vasca, algo peliagudo a las puertas de unas elecciones autonómicas, desde el Ejecutivo de Vitoria remacharon ayer que «no habrá recorte ni en gasto social ni en las condiciones del empleo público».

Partiendo de la base de que Urkullu expuso sin ambages que los funcionarios tienen un puesto «garantizado» y que han de «conocer» los «sacrificios» que se hacen en la empresa privada y ser «solidarios», cabe interpretar que ese eventual esfuerzo pudiera llegar en forma de congelación. Una posibilidad que la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ya dejó entrever el pasado fin de semana. Cabe recordar, en cualquier caso, que el pasado febrero, antes de la llegada de la pandemia, el Gobierno vasco aprobó una subida salarial del 2% con efecto retroactivo a 1 de enero para todo el personal público autonómico.

LAB y UGT criticaron con dureza ayer las palabras del lehendakari. «Quieren crear una brecha entre empleados públicos y privados», aseguró la central liderada por Garbiñe Aranburu. UGT, por su parte, recordó que «los recortes y las privatizaciones han sido los agravantes de esta crisis». CC OO y ELA habían mostrado su desagrado un día antes, el miércoles, en el mismo sentido.