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Sergio Llamas
Martes, 5 de septiembre 2023, 12:52
El sindicato LAB quiere aprovechar las oportunidades políticas y sociales que se abrirán en los próximos meses para impulsar la construcción de un marco vasco de relaciones laborales y protección social. Lo hará aprovechando el papel «determinante» del independentismo en el futuro Gobierno de España, ... y a través de los comicios autonómicos del próximo año, de manera que se castigue a quienes hacen políticas a favor de la patronal. Ésas son algunas de las apuestas presentadas este martes por la coordinadora general de la agrupación, Garbiñe Aranburu, que también ha centrado sus reivindicaciones en cuestiones como conseguir una reducción de la jornada hacia las 30 horas semanales, para lograr un reparto de todos los trabajos, la dignificación de los salarios estableciendo un mínimo de 1.400 euros o la euskaldunización del mundo laboral.
La portavoz de LAB ha detallado en una rueda de prensa que este miércoles trasladará algunas de estas cuestiones a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, en la ronda de reuniones que ésta anunció con los sindicatos y la Confederación Empresarial Vasca (Confebask). Además, Aranburu ha denunciado que desde Lehendakaritza se han posicionado «siempre a favor de la patronal» y ha recordado que los trabajadores «no solo tienen voz, sino también voto».
Además del contexto político, en LAB han recordado que también se están produciendo cambios sociales dirigidos hacia el empoderamiento de la clase trabajadora, y especialmente de los sectores feminizados. En este sentido ha puesto en valor la convocatoria de una huelga feminista general que reivindicará una distribución y reorganización de las tareas de cuidado, y exigirá la creación del Sistema Público Comunitario de Cuidados.
Desde LAB también han reivindicado la necesidad de activar luchas en los centros de trabajo y de combatir la división sindical, y ha reclamado la creación de una agenda social compartida en cuestiones como la pensión mínima de 1.080 euros, las reformas tributarias en el desarrollo de los servicios públicos y el ámbito de los cuidados, o la propuesta de los 1.400 euros que EH Bildu llevó al Parlamento vasco.
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