Los juzgados vascos de lo Social acumulan 15.000 casos, con alta congestión en Bizkaia

La presidenta de la sala de los Social en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, explica que hay grandes diferencias por territorios y que la congestión alcanza un nivel «crítico» en Bizkaia -con 11 juzgados en Bilbao- debido a una cuestión estructural, que se ha agravado con el parón de tres meses que se registró en primavera, tras la declaración del estado de alarma. Aunque se han adoptado medidas de refuerzo, no oculta su preocupación por la capacidad para gestionar lo que está por venir. «Hasta ahora el aumento de demandas por despido está siendo muy moderado porque los ERTE están ejerciendo de dique de contención, pero no se sabe qué va a pasar en el futuro», señala.

Biurrun precisa que la media de 700 expedientes que cada juzgado tiene sobre la mesa equivale «a lo que resuelve en un año de trabajo», aunque insiste en las diferencias. «En Bilbao el trabajo pendiente es de 14 meses ; en Donosti, de nueve meses, y en Vitoria de entre cinco o seis meses», detalla.

La pandemia, señala, ha agravado considerablemente la sobrecarga que ya existía, no tanto por los casos que ha traído, sino por el parón de actividad registrado en los primeros meses del estado de alarma. «Nuestros medios digitales no son los mejores para afrontar esta situación», dice.

Como consecuencia de esa parálisis, en el tercer trimestre (último periodo con datos) se observó un incremento muy exagerado de la entrada de casos, especialmente en las demandas por despido, aunque se explica en gran medida por ese tapón del segundo trimestre. Así, entre julio y septiembre se tramitaron 1.904 demandas por despido, lo que supone un incremento del 40% sobre igual periodo del año anterior, pero si se analizan los nueve meses el incremento se limita al 9,6%, hasta las 4.126 reclamaciones.

«Los despidos suponen un 28% de lo que nos entra y no se aprecia un incremento mínimamente llamativo. Creo que es a causa de los ERTE, en los sí estamos teniendo bastantes impugnaciones. Son casos que se ventilan en los juzgados y luego son recurribles a nuestra sala, que ya se está pronunciando», explica.

Los responsables de los servicios jurídicos de ELA, sindicato del que salen el 25% de los procedimientos que entran en los juzgados de lo Social, coinciden en este análisis. «Llevamos 1.860 despidos hasta noviembre, una cifra prácticamente idéntica a la de la año anterior», apuntan Iratxe Ordorika, la coordinadora, y Alberto Abásolo, el miembro más veterano del equipo. Ambos critican que en Bizkaia no está funcionando bien el servicio de conciliación (SMAC) por el Covid, con lo que cualquier desavenencia termina en el juzgado, aumentando el colapso.

Al igual que Biurrun, atribuyen al paraguas de los ERTE el hecho de que no haya un aumento más significativo de despidos. «Estamos en una especie de limbo», señala Ordorika. A ello se suma, añade, la prohibición de despedir por causas objetivas vinculadas al Covid. «Debido a este veto ha habido despidos que se han declarado improcedentes en los juzgados vascos, pero no se han anulado», señala.

No obstante, en opinión de los responsables de los servicios jurídicos de ELA hay mucho riesgo de que, una vez se acaben los ERTE, se desencadene una avalancha de ajustes porque «la reforma laboral dejó la puerta bien abierta». Recuerdan que facilitó el despido por causas objetivas -20 días de indemnización- y, a la vez, eliminó la exigencia de que los ERE pasen el filtro de la autoridad laboral.

Advierten de que ya se está viendo, en la recta final del año, un repunte preocupante de despidos colectivos. «Hacía tiempo que no veíamos EREs del volumen de los que se están anunciando ahora en el sector aeronáutico y en la automoción», dice Ábasolo. Añade Ordorika que, de forma mucho más silenciosa, también están llegando muchas cartas de despidos individuales de negocios hosteleros que se cierran. Muchos de estos casos terminan en los juzgados, donde se declara la insolvencia de la empresa y de esa forma el Fogasa se hace cargo de salarios e indemnizaciones.

Pero son procesos que aún no están en las estadísticas. Hasta septiembre habían ingresado en los juzgados vascos de lo Social 14.891 casos, una cifra muy similar a la del año anterior. En los once de Bilbao la media está en torno a los 1.000 procedimientos por juzgado cada año. Para solventar la situación dice Biurrun, 10 de los once juzgados se han acogido al programa de refuerzo voluntario. «Aunque lo que necesitamos son dos juzgados más», dice.