La justicia de la UE anula la sentencia que respaldaba las ayudas a los astilleros españoles

¿Y ahora, qué? Lo que los magistrados de Luxemburgo han decidido es devolver el caso al Tribunal General para que vuelva a analizar todo el caso al considerar que la sentencia contiene «errores de derecho» por interpretar mal los Tratados. Es decir, que estiman el recurso de casación presentado en su día por la Comisión contra la sentencia de diciembre de 2015. Dicho de otro modo. Todo queda en el aire. Todo es posible. Todo vuelve a quedar en manos de los primeros jueces que analizaron el caso aunque ahora, eso sí, deberán hacerlo teniendo en cuenta los criterios establecidos por el TJUE, la máxima instancia jurisdiccional comunitaria.

El sistema de arrendamiento permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con un descuento de entre el 20% y el 30%. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos. Bruselas consideró esta práctica una ayuda de Estado ilegal y obligó a Hacienda a calcular y reclamar el importe no embolsado por los inversores, pero eximió a las navieras y a los astilleros. Hacienda las calculó en 126 millones pero la Comisión nunca se creyó esa cifra. Ojo, no se trata de ninguna multa, sólo de recuperar las ayudas concedidas.