El juez adjudica Vicrila al fondo Gestiber, que se compromete a salvar los 290 empleos

La resolución judicial fue recibida ayer «con esperanza» por la plantilla de la firma -opera en el barrio de Lamiako, en Leioa-, que ha acordado con Gestiber una bajada salarial del 20% para este año, flexibilidad total, un aumento de diez días en el calendario laboral y la renuncia a varios derechos sociales suscritos en el convenio. «Es la salvación de la empresa. Estamos contentos porque se van a respetar todos los puestos de trabajo», aseguraron fuentes del comité. De sus trece miembros, los delegados de CC OO (3), USO (2), ATV (2) y CUC (1) dieron el sí al fondo español, mientras que los de UGT (2), ELA (2) y LAB (1) mostraron su rechazo por la «falta de garantías» para que pueda cumplir lo pactado.

El magistrado Marcos Bermúdez, del juzgado mercantil número 1 de Bilbao, coincide en su auto de ayer con algunas hipótesis expuestas por las tres centrales críticas con Gestiber. Admite la carencia de «garantías» para que la empresa compradora lleve a cabo el «pago aplazado a los acreedores, mantenga el empleo y las inversiones empresariales -de 14,7 millones de euros en cinco años-». Además, reconoce la «escasa cuantía económica de la oferta» de 8,5 millones, que supone «la quinta parte del valor de los activos» de Vicrila y que será abonada en un plazo de cinco años. Aun así, entiende que «debe concederse la autorización para la transmisión» de la firma vizcaína porque «es la oferta que cuenta con el respaldo» de la administración concursal, de los acreedores públicos y de los empleados.

Al hilo de las alegaciones presentadas por acreedores financieros como el Sabadell, BBVA, Bankia, Bankinter, Caja Rural de Navarra y el Popular, Bermúdez considera que «ninguna razón, ni económica ni jurídica, justifica la desautorización de la administración concursal». Argumenta que el escenario que rodea la adquisición de Vicrila por parte de Gestiber «ocurre en la práctica mayoría» de los procedimientos de este tipo. «No es una excepción», zanja. De la misma manera, reprocha a los bancos porque «no ofrecen alternativa alguna, más allá de la continuación del proceso, con incierto resultado y con segura destrucción de puestos de trabajo por falta de financiación operativa».

La oferta de Gestiber, como recuerda el juez en su escrito, no ha sido la única que ha sido analizada. A lo largo de estos últimos diez meses ha habido otros pretendientes que han deseado hacerse con el control de Vicrila, pero sus propuestas han «sido descartadas» por trabajadores, instituciones públicas y la propia administración concursal «por contener peores perspectivas de futuro para la continuidad empresarial».

Una de las opciones desechadas previamente fue la del fondo estadounidense Cambium, que en el periodo de alegaciones presentó otra propuesta alternativa junto con la sociedad limitada Glassyfy. Bermúdez ha sido claro al respecto: «No corresponde al juez del concurso decidir entre ofertas. Y menos si están pendientes de ser negociadas, lo que supondría la paralización del procedimiento, con el riesgo para la continuidad de la actividad empresarial». La respuesta del magistrado no fue bien acogida ayer por Cambium-Glassyfy. «No es una solución buena para Vicrila ya que con la estructura actual está abocada a una situción similar a la de ahora o a una venta de los terrenos con sus grandes plusvalías», apuntaron fuentes cercanas a ambas compañías.

Para la mayoría del comité de empresa de Vicrila, por el contrario, la oferta de Cambium-Glassyfy es «una estafa para romper el acuerdo, como hicieron con Sainberg», que retiró su propuesta de compra. La oferta, señalan, no era mejor que la que ha salido vencedora ya que contemplaba «de 90 a 100 despidos y las condiciones laborales eran mucho peores». «Aquí sólo nos va a salvar el mercado. Que nos compren los productos. Somos optimistas en ese sentido y por eso vamos a pelear junto con Gestiber», aseguran.