Los jueces avalan el despido del directivo de Gamesa que se pasó a ELA

En la vista oral, celebrada el pasado mes de enero en la capital vizcaína, la compañía argumentó que el paso al sindicalismo de esta persona encubría en realidad «un fraude de ley» ya que el único objetivo era evitar un despido que ya conocía tras la inclusión de su puesto en un ERE presentado por la empresa y que posteriormente recibió el respaldo tanto de UGT como de CC OO. Por su parte, la defensa argumentó que el cese fue una especie de venganza por convertirse en delegado sindical y centró buena parte de su argumentario en recordar que «fue el único despido traumático y forzoso». El resto fueron prejubilaciones y rescisiones voluntarias.

La sentencia da por acreditado que Marauri había sido miembro de la alta dirección de la compañía ya que incluso participó como representante de la empresa en las negociaciones del ERE que se aprobó en 2018. «Se ha probado que el demandante intervenía en representación de la empresa y actuaba como interlocutor de la mercantil ante la representación legal de los trabajadores», señala la sentencia.

Su salario bruto en el momento del despido ascendía a 129.000 euros anuales. En el momento en que decidió asumir el papel de delegado sindical de ELA envió un email a toda la plantilla en la que admitía que su paso no era «habitual», pero que lo hacía como consecuencia de los errores que, en su opinión, se habían cometido en los últimos años en la gestión del fabricante de aerogeneradores eólicos.

Alberto Marauri anunció a principios de 2023 que se pasaba al sindicalismo a pesar de que había ocupado cargos directivos en Gamesa durante 17 años. El fallo descarta que hubiese ánimo de venganza por parte de la empresa y se corrobora que fue llamado para comunicarle que «su función como representante sindical genera un conflicto de intereses con su función como interlocutor empresarial global», de ahí que se le anunciara que quedaba restringido su acceso a información confidencial de la firma. «No puede compartirse que la empresa reaccionara al nombramiento del actor como delegado sindical con reticencias, ni que atacara ni amenazara al trabajador con tomar medidas contra él como consecuencia de su nombramiento como delegado sindical», señala el texto del fallo judicial.

La jueza que ha emitido la sentencia admite, como una de las conclusiones del procedimiento, que «no es que la empresa procediera a su despido como represalia a su actividad sindical sino todo lo contrario: que el demandante inicia tal actividad sindical cuando conoce que va a ser despedido y con la finalidad evidente de blindar su contrato de trabajo».