Los ingresos de 100.000 vascos caerán con el alza de cotizaciones que planea Sánchez

El 'destope' ha sido una de las primeras medidas económicas planteadas por el nuevo Ejecutivo socialista, que no solo debe afrontar el agujero estructural de la Seguridad Social, sino también buscar financiación para la revalorización de las pensiones pactada por PP y PNV y que ahora el PSOE quiere consolidar. Miembros del Gobierno como la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, han confirmado la intención de materializar la propuesta, aunque también han reconocido que se debe acometer «con mucho cuidado» y «de forma gradual». Hay que tener en cuenta que el tope de las cotizaciones tiene su reverso; es decir, hay un máximo en la pensión a cobrar, establecido actualmente en 2.580 euros al mes (2.615 tras la entrada en vigor del Presupuesto). Si no se sube la prestación en el mismo grado, se reduciría el equilibrio que debe existir entre lo que uno aporta y lo que luego recibe del sistema.

El principal impacto del 'destope' recae en las empresas empleadoras, porque son las que cargan con la mayor parte de la cotización por contingencias comunes (jubilación, enfermedad, maternidad...) a la Seguridad Social. Del tipo del 28,3% que se aplica a la base, la compañía aporta el 23,6%, mientras que el trabajador pone el 4,7%. Así, de la base máxima de 3.804 euros, 898 corresponden a la empresa y 179, al asalariado. En total, 1.077 euros.

«Es un torpedo en la línea de flotación para las economías más modernas como la vasca, con un tejido de empleo cualificado. Euskadi es, junto con Madrid, la comunidad más perjudicada porque tiene los salarios más altos. Se perderá competitividad en el exterior», apunta Eduardo Aréchaga, director general de Confebask.

Muy inquieta, la patronal vasca ha realizado unos primeros cálculos de lo que podría suponer la medida para las empresas de la comunidad. Apoyándose en fuentes como el informe anual integrado de la Hacienda vasca de 2014, concluye que el 'destope' supondría un coste extra de 630 millones de euros, de los que la mayoría, 525 millones, se traducirían en un incremento de la carga para las compañías y el resto, 104 millones, sería menos renta disponible para los trabajadores.

Aréchaga recuerda, además, que España ya presenta un mayor desequilibrio, en relación a otros países europeos, en el reparto de las cotizaciones sociales entre empresas y empleados, porque la proporción se sitúa en el 70%-30%, según datos del Eurostat de 2014. «En Alemania, por ejemplo, es de más del 56% frente al 43%», apunta.

Para entender el peso que tienen las cotizaciones sociales, basta echar un vistazo a los últimos datos del INE para Euskadi. El coste laboral de un trabajador vasco se situaba en el primer trimestre en 2.905 euros. De ese importe, el 73% (2.128 euros) corresponde al salario, mientras que los otros costes, con las cotizaciones sociales a la cabeza, representan el 27%.

En línea con la opinión de Confebask, José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), considera el 'destope' una propuesta equivocada porque «encarece el trabajo de calidad». Llega incluso a calificar la medida de «confiscatoria» puesto que, según explica, la pensión máxima es «la peor en función de cada euro cotizado». «En contraste, los autónomos cotizan por la mínima pero luego se les complementa hasta llegar a los mínimos», añade.

En el otro extremo, los sindicatos defienden la medida y, de hecho, llevan tiempo reivindicándola como fórmula para hacer frente al agujero de las pensiones, que ronda los 18.800 millones de euros. «Ante el momento crítico que atraviesa la Seguridad Social, los que más ganan tienen que aportar más», arguye Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. «Se trata de proteger el sistema público de pensiones», remacha.

En defensa de la propuesta recuerda, también, que aquellos con salarios más altos son justo los que más ahorran para su jubilación a través de instrumentos privados como las EPSV, beneficiándose de las desgravaciones fiscales que este mecanismo ofrece. «Casi el 67% de los que cobran más de 44.400 euros hacen aportaciones a las EPSV. El porcentaje en los que están por debajo apenas llega al 25%», apunta Arza.

Habrá que ver cómo plantea finalmente la medida el Gobierno de Sánchez y qué apoyos parlamentarios recaba. Es muy difícil que obtenga el visto bueno del PP y Ciudadanos. Los populares, que ya subieron la base máxima un 14,25% entre 2011 y 2017, han expresado su rechazo inicial a la propuesta.

Pero, a la vez, los ingresos que se obtendrían con el 'destope', cerca de 4.500 millones de euros, serían el principal recurso con el que contaría Sánchez para sus políticas sociales. Ni el impuesto a la banca ni la 'tasa Google' le darían tanto.