La industria vasca se queja de que el efecto de la rebaja fiscal de la electricidad será mínimo

Según los cálculos de la ministra, la supresión del impuesto -rebajar el tipo actual del 7% a 0- conllevará una reducción en la factura para los consumidores particulares que oscilará entre el 2,5% y el 4% (de ahí la media del 3%); mientras que para los grandes consumidores industriales la reducción podría elevarse a un rango de entre un 5% y un 5,5%. La propia Ribera aseveró ayer que su departamento estará «muy vigilante» para garantizar que la suspensión del impuesto repercuta en la rebaja de la factura eléctrica.

Desde la patronal alavesa SEA -que lidera una plataforma empresarial que alcanza a toda España y que reduce la factura a través de la compra agrupada de energía- su director general, Juan Ugarte, también se muestra muy crítico por la medida escogida para tratar de reducir la minuta eléctrica. Se trata, dijo, de un impuesto no directamente relacionado con la factura. Y aunque a priori «cualquier medida que ayude a rebajar la factura siempre es bienvenida», en la práctica el sistema elegido puede hacer «que la bajada quede anulada la próxima semana si se vuelve a producir una nueva subida de precios del estilo de lo que viene sucediendo este año». Así, ejemplifica, «sólo entre junio y septiembre los precios de la electricidad han subido un 20%», cuatro veces más que la rebaja anunciada con la suspensión del impuesto.

Ugarte enfatizó que esta reforma impositiva no entra en el fondo del asunto. «El mercado eléctrico queda exactamente igual» y esa debe de ser la gran reforma, «tanto en su estructura como en sus mecanismos de transparencia para que estemos ante un mercado real».

Pero hasta que llegue esa «gran reforma», tanto Ugarte como Rey piden actuaciones inmediatas en dos aspectos que inciden directamente en los costes energéticos de la industria vasca. El directivo de SEA recuerda que aún está pendiente de desarrollo para su aplicación el acuerdo incluido en los ya aprobados Presupuestos del Estado de 2018 respecto a las tarifas que se aplican a las redes eléctricas de 30 kv y 36 kv, predominantes en Euskadi. Esta regulación todavía no actualizada penaliza a la industria vasca en cerca de 40 millones.

Por su parte, el director gerente de la FVEM se suma a la reclamación de grandes empresas, como la siderúrgica Sidenor, que denuncia cómo las condiciones actuales de acceso al sistema de interrumpibilidad -que permite a los grandes consumidores reducir sus facturas- hacen que sea inaccesible para la mayor parte de las compañías vascas.

Si las cuentas de la ministra de Transición Ecológica le salen bien, la suspensión del impuesto a la generación para reducir la factura de la luz conseguirá su primer objetivo, el de atenuar la escalada del recibo; y, a la vez, no poner en riesgo el millonario déficit del sistema eléctrico.

El impacto de reducir el impuesto tiene un efecto directo: el Estado dejará de ingresar unos 1.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas por su colega de Hacienda. Pero esa merma «se corregirá con otras partidas presupuestarias», explicó ayer María Jesús Montero. El Estado cuenta con otra fuente de ingresos: las ventas de los derechos por emitir dióxido de carbono (CO2) podrían aportar a final de año unos 1.300 millones frente a los 370 millones presupuestados para 2018. Por tanto, el Estado tiene un margen de unos 1.000 millones, procedentes del mercado del CO2, para contrarrestar la merma.

Es más, el Gobierno sabe que esa fuente de dinero no se reducirá en lo que queda de año «porque el actual precio del CO2 es el que han marcado todos los Estados con el beneplácito de la Unión Europea por contaminar», explican fuentes del sector. A principios de 2018, el precio del derecho de CO2 cotizaba a poco más de cinco euros por tonelada; y ahora se paga por este concepto casi 22, con los correspondientes ingresos para las arcas públicas incrementados exponencialmente.

Lo que no puede permitirse el Gobierno es que se desboque el déficit eléctrico -la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema-. Los costes anuales (distribución, transporte, primas a las renovables antiguas, etc.) rondan los 18.000 millones de euros. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé para este 2018 un superávit mínimo de 1,9 millones.